La construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO) en una parte de la finca El Espino continúa avanzando en medio de cuestionamientos ambientales, críticas ciudadanas y denuncias de organizaciones ecologistas que consideran que el proyecto representa un nuevo golpe para una de las principales zonas de recarga hídrica del Área Metropolitana de San Salvador.

El 15 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa autorizó la transferencia de 55,711.13 metros cuadrados de la finca El Espino a favor del CIFCO para la edificación del nuevo recinto ferial. El decreto aprobado por la bancada oficialista de Nuevas Ideas señala que el terreno es parte del “resto de la Finca El Espino”, ubicada en el distrito de Antiguo Cuscatlán.

La porción entregada forma parte de una propiedad estatal administrada por el Ministerio de Hacienda, cuya extensión supera los 475 mil metros cuadrados. La segregación del terreno ya había sido autorizada por el Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, según documentos oficiales.

Aunque el área destinada al proyecto representa aproximadamente el 0.98 % de las 55 manzanas que conforman el Ecoparque El Espino, ambientalistas sostienen que el impacto no debe medirse únicamente por dimensiones, sino por el valor ecológico de la zona intervenida.

El nuevo recinto ferial será financiado con fondos no reembolsables de la República Popular China, en el marco del “Convenio Marco para la Ejecución de Proyectos de Asistencia Económica y Técnica” firmado entre ambos países. Hasta el momento, las autoridades no han revelado planos definitivos, detalles técnicos ni fechas concretas para el inicio de la construcción.

El 28 de mayo de 2026, la Embajada de China en El Salvador aseguró que el proyecto utilizará únicamente el 30 % del terreno transferido y que el 70 % restante será destinado a “una amplia área verde, ecológica y de convivencia”, además de publicar una imagen (render) de cómo quedaría la edificación.

Sin embargo, las explicaciones oficiales no han frenado el rechazo de parte de la ciudadanía. La campaña #SalvemosElEspino superó el medio millón de firmas para exigir que el proyecto sea trasladado a otra ubicación y que se detenga la deforestación en el sector, algo que no consiguió, pues ni siquiera fueron escuchados en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo.

La zona afectada se ubica al sur de la finca El Espino, un territorio que durante décadas ha sufrido intervenciones urbanísticas y estatales. En años anteriores se autorizaron desarrollos habitacionales, centros comerciales, instituciones educativas y la construcción del bulevar Monseñor Romero. Poco después de parte de estas deforestaciones y edificaciones, sucedieron inundaciones más abajo, en la zona Sur de San Salvador.

Habitantes de comunidades cercanas señalaron que el área funcionaba como corredor biológico para distintas especies de fauna, entre ellas cusucos, cotuzas, tacuazines, chachas, serpientes y diversas especies de roedores, e incluso algunos lugareños grabaron cómo, la noche del 27 de mayo, huían algunos animales ante el ruido y la deforestación de sus hogares.

De acuerdo con información divulgada por la revista Gato Encerrado, en el área afectada habitaban al menos 83 especies de aves residentes y migratorias, cinco de ellas bajo amenaza o peligro de extinción. Entre las especies más vulnerables figura la lora nuca amarilla, considerada en peligro desde hace varios años en el país.

Según Salvanatura, en su Plan de Manejo del Parque Bicentenario, muchas de las especies de la zona dependen de pequeños hábitats protegidos, por lo que la reducción de la perturbación humana es factor clave para su reproducción y supervivencia, por ello, actividades como la tala, aunque sean en menor proporción, generan el abandono de sitios de anidación y descanso de estas especies.

Gloria Anaya, del Colectivo Herbert Anaya, organización que ha acompañado al movimiento, lamentó que el Gobierno no haya tomado en cuenta las más de 500 mil firmas ciudadanas recolectadas para exigir el cese de la deforestación en el sector de Cancillería.

El Movimiento Somos El Espino también exigió el respeto al artículo 117 de la Constitución de la República, el cual establece la obligación del Estado de proteger los recursos naturales y garantizar la conservación del medioambiente. Durante una conferencia en la zona la noche del 28, se reportó una fuerte presencia policial y la instalación de un cerco perimetral en la zona intervenida desde un día ante.

Pronunciamiento

A través de un pronunciamiento público, integrantes del Movimiento Somos El Espino aseguraron que la tala registrada en el área representa “un crimen ecológico” y denunciaron restricciones de acceso para impedir la documentación de los daños ambientales.

“Han sido 24 horas asoladoras. Esta parte de siete hectáreas finalmente ayer por la noche (27 de mayo) ha sido destruida en gran parte”, expresó el movimiento durante una concentración realizada tras la deforestación.

La organización sostuvo que el área destruida funcionaba como una importante zona de recarga hídrica y hábitat natural para diversas especies animales y vegetales, incluyendo árboles centenarios. Además, criticó que la siembra de 20 mil árboles anunciada posteriormente por el Gobierno no compensa el impacto ambiental causado.

“Nos queda parte del bosque y muchas otras luchas ambientales que son parte de la misma lucha, porque todos los territorios ecológicamente y biológicamente están conectados”, manifestó el movimiento.

Mientras crecían las críticas en redes sociales y desde organizaciones ambientales, el Gobierno respondió impulsando una campaña de reforestación en el Parque Bicentenario con la promesa de sembrar 20 mil árboles.

Paralelamente, la Embajada de China afirmó públicamente que “no se va a botar un árbol más”, luego de que circularan imágenes aéreas y videos de la tala registrada la noche del miércoles 27 de mayo.

El ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez Herrera, también defendió el proyecto y acusó a quienes integran la campaña #SalvemosElEspino de “difundir desinformación”. El funcionario aseguró que el Gobierno mantiene su compromiso con la protección ambiental pese a las críticas por la deforestación ejecutada en la zona.

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