En casi tres años y medio, desde que la actual Ley Integral del Sistema de Pensiones entró en vigencia, la dependencia del gobierno de la deuda previsional se ha mantenido con mucho peso dentro de las finanzas públicas, aumentando considerablemente el total adeudado a los ahorros de los trabajadores del país.

Según los datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), desde enero de 2023, el primer mes que empezó a funcionar la nueva ley tras la reforma de 2022, la deuda del gobierno central con el sistema previsional ha incrementado en hasta $3,031.7 millones, lo que marca un ritmo de endeudamiento de casi $900 millones por año.

Con esto, la deuda total con el sistema de pensiones alcanzó a marzo, según el BCR, los $11,476.32 millones, una cifra que ha crecido de forma acelerada desde que se reformó la ley actual.

Por ejemplo, según datos de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), la deuda previsional adquirida entre enero de 2023 y marzo de 2026 presenta números similares a toda la deuda adquirida en el período 2013-2022, pues en ese lapso de casi diez años el gobierno tomó prestado hasta $3,480.9 millones, una cifra que supera en “solo” $449.2 millones al total acumulado en los últimos tres años y medio.

En cuanto al ritmo de endeudamiento, en los años más recientes se ha disparado, ya que entre diciembre de 2013 y noviembre de 2022 se promediaba un aumento de $390 millones anuales en la deuda previsional, una cifra que es menos de la mitad del promedio actual que alcanza los $898 millones anuales.

Asimismo, los datos del Portal de Transparencia Fiscal, del Ministerio de Hacienda, también dan cuenta de cómo ha crecido esa dependencia del gobierno con respecto al dinero de los cotizantes de las AFP: Por ejemplo, en 2011 la deuda previsional ascendía a $1,796.9 millones, mientras que para diciembre de 2013, el saldo fue de $2,608.3 millones.

Según la FIAP, esa deuda previsional, que correspondía al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), representó hasta un 10.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país al cierre de 2023, que para ese momento fue de $24,881.7 millones”.

Los años siguientes también registraron incrementos en la deuda previsional, según los datos de Hacienda, por lo que el saldo total al cierre de 2015 fue de $3,478.7 millones; en 2018, de $4,921.5 millones y en 2020 ,de $5,555.9 millones. Para noviembre de 2022, justo antes de la reforma que dio paso a la ley actual, el saldo se colocó en $6,089.2 millones, los cuales representaron el 19.1 % del PIB, según la FIAP.

Lo anterior quiere decir que, desde noviembre de 2022, antes de que se realizara el cambio de los anteriores instrumentos y mecanismos para tomar estos fondos prestados, la deuda con el sistema de pensiones ha aumentado en más de $5,387 millones.

Algo que cabe señalar es que, desde que entró en vigencia la ley actual, el gobierno ha contado con un período de gracia de cuatro años, en los cuales no ha tenido obligación de abonar capital o intereses a dicha deuda, sin embargo, este plazo terminará el próximo año, por lo que los compromisos de deuda aumentarán considerablemente para las finanzas públicas.

De acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, este vencimiento del período de gracia añadirá “presiones adicionales” en los esfuerzos que está realizando el gobierno para poder reducir el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública, todo en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) logrado el año pasado con el Fondo Monetario Internacional y que incluye una inyección financiera de hasta $1,400 millones para esta consolidación fiscal.

Lo anterior, además, mantiene vivos los debates sobre la sostenibilidad del sistema previsional, el cual amerita una reforma según las recomendaciones hechas por el FMI, un compromiso que adquirió el propio gobierno pero que aún no ha mostrado avances. Según el calendario del programa, la propuesta de reforma debió haberse presentado el 10 de febrero pasado, sin embargo, aún no se sabe nada al respecto.

El dinero que toma prestado el gobierno de los fondos de las AFP se utiliza para financiar el pago de las pensiones de los trabajadores que se jubilaron bajo los sistemas anteriores a las AFP, es decir, bajo el Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).