La diputada Claudia Ortiz, durante la sesión plenaria 107, en la que propuso un estudio de ley para vivienda accesible pero no obtuvo apoyo del oficialismo. Foto EDH/Captura de pantalla.
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, aseguró que el incremento en el costo de vida está golpeando con fuerza a las familias salvadoreñas, al punto que el esfuerzo diario ya no es suficiente para cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y vivienda.
Durante una entrevista en el programa Encuentro, conducido por Julio Villagrán, la legisladora afirmó que existe una creciente preocupación ciudadana por la pérdida de capacidad adquisitiva de los ingresos familiares.
“Hoy por hoy, lo que más preocupa es que el esfuerzo de la gente ya no está rindiendo como antes”, expresó, señalando que esta situación genera estrés, ansiedad e incertidumbre en la población.
Ortiz explicó que el trabajo cotidiano —que incluye largas jornadas, traslados extensos y sacrificios personales— debería traducirse en condiciones de vida dignas, algo que, a su juicio, no está ocurriendo.
En ese contexto, planteó el concepto de “propiedad del esfuerzo”, indicando que el Estado debe garantizar que el trabajo honrado sea respetado y protegido mediante políticas públicas orientadas al bienestar de la población.
Propuesta de reducción del IVA
La diputada también se refirió al aumento en la recaudación fiscal, destacando que el Gobierno reportó más de 106 millones de dólares adicionales en ingresos por IVA durante el primer trimestre de 2026.
Según Ortiz, este incremento ocurre mientras la población enfrenta mayores dificultades económicas, por lo que propuso reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la mitad como medida de alivio.
“La gente pobre no puede evitar pagar el IVA, porque está incluido en los productos que consume”, explicó.
Además, cuestionó el uso de los recursos públicos, señalando que deberían priorizarse áreas clave como salud, educación e infraestructura.
Regular el comercio informal
En la entrevista, Ortiz también abordó la situación de los trabajadores del comercio informal, a quienes calificó como un sector históricamente desprotegido.
Indicó que estos trabajadores carecen de prestaciones como seguridad social, vacaciones o pensión, por lo que propuso que no sean criminalizados, sino regulados.
“No se trata de prohibir, sino de dar reglas claras para que la gente pueda trabajar”, afirmó.
Entre las propuestas planteadas está la creación de un sistema de ordenamiento con permisos, zonas y horarios definidos que permita a los vendedores operar con mayor seguridad jurídica.
Pensiones y advertencias sobre sostenibilidad
La legisladora también advirtió sobre riesgos en el sistema de pensiones, señalando que el uso de estos fondos por parte del Estado podría comprometer su sostenibilidad.
Como alternativa, propuso que el Estado devuelva los recursos utilizados junto con intereses y que se limite el acceso a estos fondos hasta que sean reintegrados.
“La gente ha trabajado toda su vida y ese esfuerzo debe ser respetado”, expresó, al advertir que podría generarse una “grave injusticia social” si no se toman medidas.
Crisis de vivienda y propuestas
Ortiz señaló que el acceso a vivienda se ha vuelto cada vez más difícil, incluso para familias con ingresos estables, debido al incremento en los precios de alquiler y compra.
Indicó que actualmente el salario mínimo resulta insuficiente para cubrir gastos básicos, lo que obliga a las familias a sacrificar alimentación u otras necesidades.
Ante esto, propuso la creación de un fondo de incentivos para vivienda accesible, que incluiría:
Subsidios para familias de bajos ingresos Incentivos fiscales para alquileres a largo plazo Programas de mejora de viviendas
El financiamiento, explicó, podría provenir de una contribución del 3% a los alquileres turísticos de corta duración, un sector que ha crecido significativamente.
Esta iniciativa, como otras, fue propuesta para estudio en la respectiva comisión de la Asamblea Legislativa, pero su propuesta no tuvo eco entre el oficialismo.
