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¿Qué significa una calificación de B- en el perfil crediticio de El Salvador?

La agencia Fitch Ratings confirmó la calificación soberana de El Salvador en B- con perspectiva estable, manteniendo al país dentro del rango altamente especulativo en la escala de riesgo crediticio

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Imagen de referencia. Foto Freepik

La agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings confirmó recientemente que la nota del país en este rubro se mantiene en B- , con perspectiva estable, algo que, en cierta medida, es positivo para el perfil crediticio del país pero que todavía implica que hay un grado de riesgo.

Esta calificación que otorgan las firmas como Fitch Ratings, Moody’s o Standard & Poor’s es un parámetro que indica cuál es el nivel de confianza que existe en la capacidad que tienen los países para pagar su deuda externa, por lo que, entre más alta es la calificación (por ejemplo, AAA), más alta es la posibilidad de que un gobierno soberano pueda honrar sus compromisos financieros y evite el impago. Una nota más baja significa que el país tiene baja confianza en los mercados financieros.

Para el caso de Fitch, su tabla de calificaciones va desde la nota AAA, que es la más alta, hasta la D, que significa impago. En este sentido, entre estos extremos hay distintos niveles: AA (+ o -); A (+ o -); BBB (+ o -); BB (+ o -); B (+ o -), CCC (+ o -), CC (+ o -), C (+ o -); y RD (incumplimiento selectivo).

Esto quiere decir que la nota soberana para El Salvador se ubica a la mitad de la tabla, lo que implica que, a pesar de que hay una mejora con respecto a las notas que alcanzó el país en 2022, cuando cayó hasta la nota RD, se mantiene en la parte baja del grado “altamente especulativo”, lo que se traduce en que “existe un riesgo de impago material, pero persiste un margen limitado de seguridad”.

Esta nota, según la agencia calificadora, también significa que “actualmente se están cumpliendo los compromisos financieros; sin embargo, la capacidad para continuar el pago es vulnerable al deterioro del entorno empresarial y económico”.

Ya aplicada esa definición al caso salvadoreño, Fitch apunta que la calificación podría bajar para el país si ocurren una serie de situaciones que aumentarían su exposición negativa, por ejemplo: Si aparecen tensiones financieras que impidan cumplir sus compromisos de deuda, incluido un deterioro fiscal que aumente las necesidades de financiamiento. Asimismo, una caída en la liquidez externa también provocaría que la nota baje.

La calificación de Fitch coincide con la que colocó otra agencia, Moody’s, en febrero, la cual también señaló que el país está en el rango más bajo del grado “altamente especulativo”, dejando a El Salvador con una nota de B3.

Pero , ¿por qué el país no ha mejorado aún más su nota si ya logró el respaldo del Fondo Monetario Internacional? Según los reportes de ambas agencias, el país todavía arrastra problemas estructurales relacionados con su alto nivel de endeudamiento, el cual ronda hasta el 90% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB).

Aún así, Fitch prevé que esta proporción de la deuda con respecto al PIB podría mejorar hacia el final de 2026, alcanzando el 87.4%, mientras que la previsión para 2027 colocaría esa proporción de la deuda en un 85.2% con respecto al PIB. Este alto porcentaje se suma a la gran cantidad de intereses que el país paga dentro de sus obligaciones crediticias, pues solo en 2025 el gobierno destinó más del 18% de todos sus ingresos para el pago de intereses producto del endeudamiento.

Esto, incluso, podría empeorar el próximo año debido a que vencerá el período de gracia de cuatro años que logró el gobierno con el sistema previsional cuando aprobó la anterior reforma de pensiones, lo que derivará en mayores necesidades de financiamiento.

Asimismo, el informe señala que la situación geopolítica mundial, que ha provocado el aumento sostenido en el petróleo, podría añadir presiones extras a las finanzas del país, siempre y cuando el gobierno decida implementar algún tipo de medida para subsidiar el aumento de los combustibles, tal como lo hizo en 2022, cuando congeló el cobro de los impuestos a los hidrocarburos. Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno no ha dado señales de implementar alguna medida de este tipo, tal como sí lo están haciendo los gobiernos de los países vecinos.

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