El pasado 9 de abril, ingresó al pleno legislativo la propuesta para la aprobación para una nueva Ley de Alianzas Público Privadas que, en síntesis, abriría la posibilidad de que las instituciones del Estado firmen contratos con empresas privadas para la infraestructura o prestación de servicios en salud, educación y recursos hídricos, algo que en la ley vigente está excluido.

En la presente ley, además, también están excluidos los asocios público-privados para temas de seguridad nacional y justicia, pero estos se mantendrían fuera, no entran dentro de la propuesta.

Además, la nueva propuesta contempla que los contratos que firme el Estado con empresas privadas para prestar servicios públicos podrían durar hasta 50 años, superando en 10 años lo establecido actualmente.

«El país ha experimentado avances significativos en materia institucional, jurídica y económica, lo cual ha fortalecido la seguridad y previsibilidad necesarias para fomentar la participación del sector privado en proyectos estratégicos», se menciona en la propuesta gubernamental.

Ante esto, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, hizo un análisis de lo que está ocurriendo a través de las redes sociales, en la que instó a mantener «servicios esenciales que están vinculados a derechos fundamentales» fuera de los asocios público-privados «porque no son mercancía y, por lo tanto, el Estado los tiene que brindar directamente».

Ortiz mencionó en la red social X lo siguiente:

Les quiero comentar qué ha pasado y cuáles son las preocupaciones que muchos están expresando.

Un asocio público privado es básicamente que el Estado entrega en administración, no en propiedad sino en administración, un bien o servicio público a una entidad privada para que dé un mejor servicio o que haga una obra de infraestructura con mayor eficiencia. Y esto está bien, puede generar grandes beneficios para el país. De hecho, necesitamos proyectos que estén bien hechos.

Ahora bien, es importante decir que hay servicios públicos que están vinculados directamente a derechos fundamentales, educación, salud, el agua, por ejemplo.

En la ley anterior, estos servicios, o estas áreas de los bienes públicos estaban excluidas de la ley, es decir, no se podían hacer asocios públicos privados ni en educación, ni en salud, ni en temas relacionados con recursos hídricos o en seguridad y justicia.

La nueva propuesta lo que hace es que deja educación, salud y recursos hídricos dentro de las posibilidades de los asocios públicos privados.

Creo que es importante decir que en la Comisión (de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa) se están dando explicaciones de que no, eso no es para privatizar estos servicios.

Entonces, tomando la palabra, porque ya tenemos preparada una propuesta, hemos pedido expresamente que en este nuevo proyecto de ley se excluyan de los asocios público-privados servicios de salud pública, incluido el Seguro Social, también las prestaciones de servicios de educación pública, incluida la Universidad de El Salvador, así como todo lo que tenga que ver con recursos hídricos, agua potable, por ejemplo. Quiero decirles, por qué esto es importante, porque más allá de los discursos que se quieran dar para justificar o explicar, lo realmente importante acá es que cuando un servicio público se le entrega en administración a un privado, ese privado necesita recuperar la inversión que hace en algo público, y la manera de hacerlo es cobrando tarifas.

Entonces, la pregunta que queda acá es bueno, si la ley no excluye la educación y la salud pública, entonces los privados pueden hacer asocios público-privados y cobrar para dar sus servicios? Definitivamente eso no debería pasar y por eso presentamos la propuesta que permita sacar esos servicios esenciales que están vinculados a derechos fundamentales porque no son mercancía y, por lo tanto, el Estado los tiene que brindar directamente. Cuéntame qué opinas porque esta discusión continuará en las próximas semanas y es muy importante conocer tu opinión

Aquí te explico qué está pasando con la Ley de Asocio Público Privados y porqué hemos pedido que se dejen fuera de esa ley: 🏥 Salud pública e ISSS… pic.twitter.com/xg6CXk11qA

— Claudia Ortiz (@ClaudiaOrtizSV) April 15, 2026

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