Nicolás Maduro, el busero que llegó al poder en Venezuela ungido por Hugo Chávez y fue derrocado por Estados Unidos el pasado enero, debe encarar este jueves de nuevo la justicia en un tribunal de Nueva York, un derecho que le negó a miles de venezolanos reprimidos, llevados a la miseria y exiliados.

Sus abogados quieren que se desestimen los cargos de narcotráfico en contra de Maduro, quien se declara en bancarrota para pagar los honorarios de abogados privados y trata de que se sufraguen con dinero de los venezolanos a los que el chavismo ha expoliado sin piedad.

La defensa ha alegado que al otrora todopoderoso Maduro se le niega el derecho constitucional a una «representación legal», de la misma forma como el régimen se los negó a los opositores llevados al Helicoide y sometidos a torturas, según se ha denunciado.

Maduro, por su parte, tiene su «residencia» en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas. Está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos. Algunos de sus compañeros le llaman «presidente» –quizá en son de burla– en los pasillos y lee la Biblia, según se supo. A este «adicto al poder y al embrujo petrolero», como lo define su compañero ideológico Gustavo Petro, presidente de Colombia, sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, cuando a muchos de los encarcelados por el régimen se les matuvo incomunicados.

En la previa audiencia ante el juez Alvin Hellerstein, un togado de 92 años reconocido por su larga trayectoria en el estrado, un altivo Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un «prisionero de guerra». Esto es lo que le sucede a dictadores y déspotas cuando caen: sólo el orgullo les queda, se hacen las víctimas y lloran como niños. De ahí el terror que algunos tienen de que en algún momento puedan caer y tengan que rendir cuentas, como Maduro ahora.

 Un Maduro reducido de 63 años enfrentará a un juez Hellerstein de 92 años pero con carácter firme y con una larga lista de casos de alto perfil en su hoja de vida. Entre sus casos más notables figuran los juicios civiles vinculados a los atentados del 11 de septiembre de 2001, los relacionados con el trato de la CIA a detenidos acusados de «terrorismo» o aquellos sobre abusos infligidos a presos de cárceles estadounidenses en Irak y Afganistán.

El veterano funcionario se encarga desde 2011 del proceso por narcotráfico contra Hugo «El Pollo» Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano (en el que aparece Maduro desde 2020), y ya condenó a otro acusado en este caso, el exgeneral venezolano Cliver Alcalá, a 21 años y ocho meses de prisión en 2024.

También el juez Hellerstein no ha titubeado para enfrentarse con el presidente Donald Trump, a quien rechazó una solicitud de traslado de Nueva York a un tribunal federal de su juicio por falsificación de registros para enmascarar pagos hechos a la exactriz de cine porno Stormy Daniels. Y el año pasado impidió que el gobierno de Trump deportara a presuntos miembros de pandillas venezolanas sin una audiencia judicial. 

En un notable fallo de 2015, Hellerstein ordenó al gobierno de Estados Unidos que difundiera un gran número de fotografías que mostraban abusos contra detenidos en Irak y Afganistán. 

EE.UU. relaja sanciones al régimen chavista

Mientras, el Departamento del Tesoro levantó algunas restricciones a las misiones del régimen venezolano ante Estados Unidos y a las misiones de Venezuela ante organismos internacionales en territorio estadounidense.

La nueva normativa autoriza a dichas misiones el pago por bienes o servicios destinados a sus actividades oficiales o para uso personal de sus diplomáticos. Además, los bancos e instituciones financieras están autorizadas a operar cuentas u otorgar créditos en nombre de las misiones del Gobierno venezolano.

La administración Trump ha depositado su confianza en el régimen chavista. Ojalá no le den sorpresas.