La organización Cristosal presentó este jueves los hallazgos del Informe «El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador 2019-2025«, que registra 245 casos de personas que habrían sido hostigadas y criminalizadas por motivaciones políticas.

El informe señala que los 245 casos registrados durante la investigación, incluyendo el de la abogada Ruth López, evidencian «la instrumentalización del sistema de justicia» y el ataque sistemático contra voces críticas. Sin embargo, no descarta que el número real podría ser mayor debido al temor a denunciar y a la opacidad institucional.

Los casos documentados corresponden a 86 hombres y 59 mujeres.

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El marco conceptual del informe establece tres categorías amplias de persecución: persecución jurídica no penal, la persecución penal y la persecución extrajudicial.

Noah Bullock, director de Cristosal, expuso que la investigación muestra «evidencia suficiente para establecer con claridad un patrón» de persecución política en el país en los últimos años.

«El informe demuestra claramente que en El Salvador estamos ante una regresión a las viejas formas de violencia estatal ejercidas por tiranos o regímenes autocráticos para concentrar el poder y preservar sus privilegios», dijo.

Agregó que informes pasados evidencias que prácticas de violencia estatal, como capturas arbitrarias, torturas y muertes en cárceles, se han convertido en políticas de Estado.

También denuncian que la jefa de la unidad de anticorrupción de la organización, Ruth López, está por cumplir 300 días detenida y es un «caso emblemático de criminalización», con el objeto de silenciar la crítica y las investigaciones de corrupción y falta de transparencia que realizó.

«Nadie dude que pensar u opinar diferente del presidente conlleva un nivel de riesgo. Nadie duda tampoco de que el régimen puede detener a quien quiera y de que no existe ninguna institución con suficiente independencia y poder para intervenir en proteger derechos frente a los abusos del Estado», expresó Bullock.

De las 245 personas documentadas por Cristosal, 180 (73.4 %) enfrentaron procesos penales. De estas 180 personas, en 174 casos (96.6 %) la persecución se realizó exclusivamente por la vía penal, mientras que en 6 casos (3.4 %) el Estado la combinó con otras acciones punitivas.

«En términos prácticos, siete de cada diez personas perseguidas por motivos políticos fueron criminalizadas. De ellas, 86 continúan detenidas y solo siete han sido condenadas, en procesos que presentan patrones similares a los observados en países como Nicaragua y Venezuela», destaca en el comunicado.

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René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, explicó que antes de 2021 la persecución se realizaba de manera extrajudicial por medio de hostigamiento, lo que cambió desde la cooptación del Órgano Judicial por parte del oficialismo.

«Mientras que las acciones contra opositores partidarios alcanzaron su punto más alto en 2021, la criminalización de voces críticas independientes se intensificó especialmente en 2025. El informe documenta además casos de persecución vicaria, en los que familiares son atacados para presionar o castigar indirectamente a las personas perseguidas», señala.

En algunos casos, la persecución se extiende a sus núcleos familiares.

«Esto solo es posible en un régimen muy avanzado de deterioro democrático», comentó.

Agregó que en una democracia los controles y contrapesos deberían servir para corregir esos abusos.

De las 245 personas documentadas, el 60.4 % son defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas.

«Estos hechos no podría ocurrir en democracia, la persecución política es una señal de regímenes autoritarios», enfatizó.

«Lejos de tratarse de hechos aislados, los casos documentados evidencian la existencia de una estrategia sostenida de represión política, que combina mecanismos penales, civiles, administrativos y extrajudiciales para silenciar la disidencia, castigar la crítica y neutralizar el pluralismo», dice el informe.

Karin Eder, representante legal de organización de beneficencia obrera en Alemania AWO Internacional, señaló que la situación preocupa a la comunidad internacional cuando el aparato estatal se usa para inhibir la crítica.

«Cuando disentir se convierte en riesgo, cuando opinar implica exponerse a procesos judiciales desproporcionados, cuando defender derechos puede significar la privación de libertad, la democracia se debilita. Y cuando la prisión preventiva se transforma en castigo anticipado el Estado de derecho pierde completamente su esencia», dijo.

También se refirió a que el exilio es otra forma de silenciar a voces críticas y que afecta particularmente a las mujeres defensoras y que sin protección para quienes señalan abusos, no hay instituciones sólidas.

«Nos recuerda que la criminalización tiene efectos expansivos, erosiona la democracia pública, normaliza el miedo», comentó.

Irene Cuellar, investigadora regional de Amnistía Internacional, también señaló que cuando se usa el sistema penal para perseguir y castigar a la crítica se produce una distorsión profunda. Además de que los procesos van acompañados de narrativas que señalan a las personas activistas como «enemigos», lo que «facilita la estigmatización pública y prepara el terreno para la persecución».

«Lo que observamos no son incidentes aislados, sino patrones», enfatizó.

Otro aspecto es que las personas detenidas también tiene largor periodos de incomunicación, que buscan infundir miedo también en sus familias y allegados.

En el caso de muertes el caso mas emblemático que aparece es el de Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, cuyo proceso penal no terminó, «pero da todos los indicios que el móvil que originó la persecución» fue que denunció casos de corrupción en el gobierno, comentó Abraham Ábrego, jefe de litigio estratégico de Cristosal.

«El objetivo de la persecución y criminalización es, prácticamente, desmontar cualquier disidencia», dijo.