La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) alertó que el país atraviesa un momento crítico en materia ambiental debido a la pérdida acelerada de cobertura forestal, el avance urbano sobre áreas naturales y los efectos cada vez más severos del cambio climático.

En un pronunciamiento divulgado con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente (este día) la organización señaló que las comunidades salvadoreñas enfrentan una situación de creciente vulnerabilidad, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza, debido a la degradación de los recursos naturales y al impacto de fenómenos climáticos extremos.

Según datos citados por la MPGR, entre 2001 y 2025 El Salvador perdió 87 mil hectáreas de cobertura arbórea, equivalente al 9 % de la superficie forestal existente en el año 2000. Además, unas 13 mil hectáreas desaparecieron entre 2019 y 2025.

Datos de Global Forest Watch muestran que gran parte de esta pérdida está asociada a procesos permanentes de deforestación vinculados a la expansión agrícola, el crecimiento de asentamientos e infraestructura y otras actividades de transformación del suelo.

La organización advirtió que la desaparición de bosques no solo implica menos árboles, sino también la reducción de áreas de recarga acuífera, mayor erosión de los suelos, aumento de las temperaturas locales y pérdida de biodiversidad. Todo esto genera la posibilidad de mayor vulnerabilidad ante las tormentas, menos agua potable y pone en riesgo a una fauna y flora ya bastante afectada por perder masivamente su hábitat en el país.

Casos recientes que han generado preocupación

La advertencia de la MPGR surge en medio de diversos cuestionamientos realizados en los últimos años por organizaciones ambientalistas sobre proyectos urbanísticos y de infraestructura desarrollados en zonas con cobertura forestal.

Uno de los casos que más atención ha generado es el relacionado con el bosque El Espino, en el área metropolitana de San Salvador. Durante 2025, grupos ambientalistas y ciudadanos realizaron protestas para expresar su preocupación por el impacto que podrían tener nuevas construcciones sobre una de las áreas boscosas más importantes de la capital. Entre los argumentos expuestos por los manifestantes figuró el papel que desempeña el bosque en la recarga hídrica y en la mitigación de inundaciones.

Pese a ello, y a la protesta y más de medio millón de firmas en contra, se deforestó una zona en donde se construirá el nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en un área clave de recarga hídrica. La protesta del Movimiento Todos Somos El Espino insistió en que no se oponían al desarrollo y construcción de la obra, pero que esta se ejecutara en un lugar adecuado, no en un punto de recarga hídrica clave para San Salvador.

Sin embargo, el área ya fue deforestada. Ahora, el Movimiento ha pedido al gobierno abrir un diálogo sobre el futuro del CIFCO.

Entre las interrogantes planteadas al Ejecutivo figura el cumplimiento de la promesa de mantener un 70 % de área verde dentro del proyecto, una condición anunciada por representantes de la República Popular China.

«¿Quién lo verificará?, ¿bajo qué mecanismo?, ¿con qué participación ciudadana?», cuestiona el movimiento, que sostiene que esas preguntas continúan sin respuesta.

El movimiento también pidió la suspensión de cualquier intervención adicional en la zona y la publicación inmediata del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. Si existe, exigimos su publicación inmediata. Si no existe, exigimos su elaboración urgente, pública e independiente antes de que avance un metro más de obra», manifestó.

Asimismo, demandó acceso ciudadano sin restricciones al área intervenida, argumentando que las actuaciones realizadas sobre bienes públicos deben desarrollarse con transparencia.

Aunque reconocieron la promesa gubernamental de sembrar 20,000 árboles para compensar la tala realizada, los integrantes del movimiento consideran que la medida es insuficiente.

Según argumentan, los árboles recién plantados no reemplazan las funciones ambientales de un bosque maduro, especialmente en un contexto marcado por altas temperaturas y periodos de canícula.

«Un árbol recién plantado no da sombra, no filtra agua, no alberga fauna. Un ecosistema maduro tarda décadas en formarse», señala el comunicado.

También advirtieron que la pérdida de cobertura forestal en zonas urbanas puede traducirse en mayores temperaturas, menor disponibilidad de agua y más riesgos de inundaciones.

Otros lugares

Asimismo, en distintos puntos del país han surgido denuncias ciudadanas por la tala de árboles para proyectos residenciales, comerciales y de infraestructura. Aunque los desarrolladores sostienen que cuentan con los permisos correspondientes, especialistas han advertido que la reducción constante de la cobertura vegetal aumenta la vulnerabilidad frente a inundaciones, deslizamientos y olas de calor. Históricamente ha existido, en el presente y pasados gobiernos, una política permisiva por parte del Ministerio de Medio Ambiente para la contrucción.

Actualmente también se realiza un proyecto de gran envergadura en el Lago de Coatepeque, entre otras construcciones.

• La MPGR cuestionó que, según las memorias de labores del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), entre 2019 y 2025 fueron otorgados 7,877 permisos ambientales, un promedio de 3.6 autorizaciones por día calendario.

Riesgo de sequías y menos disponibilidad de agua

El pronunciamiento también advierte que las condiciones podrían agravarse durante 2026 debido a la posible influencia de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad.

De acuerdo con la organización, este escenario podría intensificar los períodos de sequía meteorológica e hidrológica, retrasar la regularización de las lluvias y elevar las temperaturas en todo el territorio nacional.

La preocupación no es menor. Datos recientes muestran que el 96 % de la pérdida de cobertura arbórea registrada entre 2021 y 2025 ocurrió dentro de bosques naturales, ecosistemas fundamentales para la conservación del agua y la regulación climática.

Para la MPGR, la combinación de deforestación, expansión urbana y cambio climático amenaza directamente la producción de alimentos y el abastecimiento de agua de miles de familias salvadoreñas.

La organización concluyó haciendo un llamado a fortalecer la protección de los ecosistemas, mejorar la planificación territorial y priorizar políticas públicas orientadas a la conservación de los recursos naturales, en un país considerado uno de los más vulnerables de la región ante los efectos del cambio climático.

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