La salvadoreña se autodeportó en 2025 y tras un año de estar en el país, se abrió la posibilidad de que pueda regresar a Estados Unidos junto a sus hijas. Foto EDH/Archivo
Un juez federal de Estados Unidos emitió una orden provisional que obliga a las autoridades migratorias de ese país a permitir el reingreso de la ciudadana salvadoreña Yesenia Ruano, reportaron medios del referido país.
Ruano, quien residía en la ciudad de Milwaukee, se vio forzada a autodeportarse a El Salvador en junio de 2025 tras denegársele una suspensión de expulsión mientras mantenía activa una solicitud de protección legal.
El dictamen judicial, emitido en el marco de una demanda colectiva en California, establece asimismo que el gobierno estadounidense tiene la obligación legal de realizar una revisión formal de su petición de visado especial antes de emprender cualquier medida de expulsión.
El origen de la autodeportación
El caso de Yesenia Ruano se remonta a 2011 cuando cruzó la frontera sur de Estados Unidos huyendo de la violencia de las pandillas en El Salvador, país donde posteriormente fue víctima del delito de trata de personas.
Durante 14 años, estableció su residencia en Milwaukee, Wisconsin, donde se desempeñaba profesionalmente como asistente de maestra en la Academia de Lenguaje y Bellas Artes, una institución escolar pública bilingüe de la localidad.
En junio de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) denegó su solicitud para suspender una orden de deportación existente.
Esta negativa ocurrió a pesar de que Ruano se encontraba procesando una solicitud activa de visa T, un estatus de protección especial reservado por las leyes federales estadounidenses para las víctimas de trata humana.
Ante el inminente riesgo de una separación familiar forzosa, Ruano optó por salir voluntariamente de Estados Unidos hacia El Salvador, acompañada por su esposo y sus dos hijas gemelas de 10 años, quienes poseen la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
Respecto a la resolución inicial de abandonar el país norteamericano, Ruano recordó: «Yo me vine y digo, ‘Okay, eso se acabó, me voy para mi país'».
En el otoño de 2025, tras su retorno a El Salvador, Ruano se adhirió en calidad de demandante a una acción legal colectiva interpuesta ante los tribunales federales de Estados Unidos.
La demanda acusa formalmente al ICE y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) de incurrir en una política ilegal denominada «expulsión a ciegas».
El recurso sostiene que las agencias federales violaron las garantías del debido proceso al ejecutar deportaciones indiscriminadas en contra de inmigrantes protegidos por normativas federales, como los solicitantes de visas T, visas U (para víctimas de delitos graves) y supervivientes de violencia doméstica.
En mayo de 2026, el juez de distrito estadounidense André Birotte Jr., con sede en el estado de California, falló a favor de los demandantes al otorgar una medida cautelar provisional.
El dictamen ordena al gobierno federal facilitar el retorno expedito a territorio estadounidense de Ruano y de otros dos peticionarios incluidos en el litigio.
La notificación del fallo judicial provocó una reacción inmediata en la afectada, quien manifestó desde El Salvador: «Lloré de alegría al recibir que el juez había fallado a nuestro favor.»
La situación del núcleo familiar
A pesar de que el fallo judicial abre la vía legal para el regreso de la ciudadana salvadoreña y sus hijas menores, el dictamen plantea un escenario de incertidumbre para la totalidad del núcleo familiar debido a la situación del cónyuge.
El esposo de Ruano también se autodeportó hacia El Salvador el año pasado bajo la condición jurídica de beneficiario del trámite migratorio de su esposa.
Dado que su estatus para viajar de forma inmediata no se encuentra explícitamente resuelto bajo la actual orden provisional, el retorno del padre de familia permanece sujeto a que la visa T principal sea formalmente garantizada por las autoridades administrativas.
Al respecto, la compatriota externó las preocupaciones que imperan en el hogar: «Nuestro temor es eso, que el juez no autorice tampoco que él pueda viajar con nosotros.»
Por su parte, las dos menores manifestaron el impacto emocional y la satisfacción que les produce la perspectiva de retornar a la comunidad donde nacieron y crecieron, tras un año de residencia en territorio centroamericano.
Postura institucional en contraste
La decisión del juez federal André Birotte Jr. generó un pronunciamiento oficial de disconformidad por parte de las autoridades del poder ejecutivo estadounidense.
A través de un comunicado emitido por un portavoz oficial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —institución que supervisa las operaciones de las agencias de control migratorio ICE y USCIS— criticó los términos de la resolución legal, de acuerdo a medios locales de EE.UU.
La declaración del DHS señaló de manera textual: «El DHS cumple con todas las órdenes judiciales, incluso cuando las ONG radicales buscan el foro más favorable y los jueces activistas intentan frustrar nuestras operaciones. Como demuestra nuestro historial en la Corte Suprema de Estados Unidos, la ley está de nuestro lado.»
Asimismo, la entidad gubernamental defendió los procedimientos empleados por sus agentes, sosteniendo que «hacer cumplir la ley de inmigración no es opcional» y argumentando que los procesos de remoción de extranjeros indocumentados se fundamentan de forma legítima en las facultades otorgadas por el Título 8 del marco normativo federal de los Estados Unidos. No obstante, y a pesar de los señalamientos críticos, el DHS ratificó formalmente que acatará los mandatos específicos de la orden judicial vigente.
El dictamen judicial del tribunal de California establece que Yesenia Ruano debe ser readmitida en Estados Unidos bajo el mismo estatus migratorio que ostentaba antes de producirse su expulsión forzada del territorio, lo que congela cualquier medida de deportación subsiguiente en su contra.
En la actualidad, el equipo jurídico de las organizaciones civiles involucradas gestiona los mecanismos consulares y de transporte para coordinar el traslado físico de la ciudadana salvadoreña y sus dos hijas desde El Salvador hacia el país norteamericano.
El objetivo central del retorno es asegurar la comparecencia y el seguimiento presencial del proceso administrativo que quedó inconcluso.
Al reingresar, la administración federal estará obligada por mandato de la corte a emitir una determinación formal respecto a la elegibilidad de Ruano sobre la base de las evidencias presentadas en su solicitud de visa T para víctimas de trata humana.
Frente a los trámites logísticos pendientes y la eventual reincorporación a su antiguo empleo en Milwaukee, Ruano concluyó: «Si Dios me da una oportunidad, podremos regresar en cuanto me den luz verde.»
