Fotografía de archivo tomada el 6 de mayo de 2023 que muestra al entonces duque de York, el príncipe Andrés, durante la ceremonia de coronación de su hermano el rey Carlos III en Londres. Foto / EFE
El expríncipe Andrés, despojado de sus títulos por sus vínculos con el fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, ha solicitado la rescisión de su arrendamiento privilegiado de East Lodge, una vivienda de la Corona situada cerca de su antigua residencia en Sunninghill Park (sur de Inglaterra), según los medios británicos.
La pintoresca casa, de un solo piso y techo de paja, estaba realquilada a un empleado por menos de 13.000 libras (14.950 euros) al año, muy por debajo del valor de mercado.
El arrendamiento, firmado en 1998 en términos favorables por Andrés Mountbatten-Windsor con Crown Estate, que gestiona las propiedades de la Corona para el erario público, y renovado en 2025, está bajo escrutinio parlamentario junto a otras residencias reales.
En febrero, a instancias del rey Carlos III, el ex duque de York ya dejó Royal Lodge, su residencia principal en Windsor (a unos 40 km de Londres), por la que pagaba un alquiler simbólico de «un grano de pimienta» -aunque previamente invirtió en su renovación-, y se trasladó a una propiedad privada del monarca en Sandringham, en el este inglés.
El 19 de febrero, Mountbatten-Windsor fue detenido en Sandringham por la Policía y posteriormente liberado, mientras permanece bajo investigación por presunta conducta indebida en cargo público, relacionada con el envío de información sensible a Epstein durante su etapa como enviado comercial del Gobierno británico entre 2001 y 2011.
Carlos III despojó a su hermano en octubre de todos sus títulos tras revelarse la magnitud de su relación con el magnate, que murió en 2019 en prisión cuando esperaba juicio por tráfico de menores.
Una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre, fallecida el pasado abril, acusó al exduque de haber abusado de ella en 2001, cuando era menor; Andrés lo niega, aunque en 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial para evitar una demanda civil por una cifra estimada de 12 millones de libras (13,8 millones de euros).
A raíz del escándalo, la Comisión de cuentas públicas del Parlamento británico prevé investigar la gestión del patrimonio inmobiliario de la Corona por parte de Crown Estate, cuyos beneficios se destinan al erario público y financian además la subvención anual a la familia real, que mantiene ingresos propios de sus propiedades y empresas privadas.
