Habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, del distrito de Tecoluca, presentaron una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por la construcción de un relleno sanitario en la zona.

Según el escrito presentado, la demanda es en contra de la Asociación de Municipios de Los Nonualcos por, supuestamente, violentar derechos constitucionales a la salud, al medio ambiente sano, a la verdad, acceso a la justicia y a gozar del patrimonio cultural, “debido a la deforestación y destrucción de la zona conocida como ‘Lomas de Angulo’”. 

Organizaciones sociales que las acompañan han denunciado desde el año pasado la construcción de un relleno sanitario en la zona, ya que según ellos, esto dañará al medio ambiente y contaminará el río del que se abastecen las comunidades. 

Los habitantes de este sector sostienen que desde el 24 de noviembre de 2025 no han permitido el ingreso de más maquinaria pesada, con el propósito de impedir que se continúe con la construcción de este vertedero de basura.

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Francisco Parada, vocero del Bloque de Resistencia Popular (BR), acompañó a los habitantes en la presentación del escrito. “Describimos una serie de hechos que están violentando los derechos fundamentales de las personas habitantes, que por lo cual nos sentimos agraviados por esta violación a derechos fundamentales”, aseguró. 

Añadió que han agotado todos los mecanismos legales para detener la construcción de este relleno sanitario y por eso acudieron a la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, cuestionan que a pesar de todos estos recursos presentados las obras en el lugar no se han detenido.  

“La PDDH ha instalado una mesa de negociación, las obras han continuado, es decir, la empresa no se ha detenido a pesar que estamos invocando leyes y la Constitución para el respeto de nuestros derechos, de los derechos de la comunidad de San Francisco Angulo. La empresa ha continuado con las obras e incluso ha generado amenazas e intimidación contra la gente de la comunidad”, afirmó Parada. 

Con respecto a las amenazas, añadió que la empresa colocó un cartel en una de las máquinas que se encuentran estacionadas en la zona en la que describen los delitos que la comunidad podría estar cometiendo al no permitir la construcción de este relleno. 

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En el cartel plasmaron seis artículos del Código Penal con los delitos que supuestamente cometen los habitantes, entre esos el de amenazas, desórdenes públicos y limitación ilegal de circulación. 

Por su parte, Félix Laínez, presidente de la directiva dijo que ellos han impedido la construcción del relleno, porque el objetivo es denunciar el despojo de sus tierras. “Nos llegaron a colocar un cartel el cual amenaza con 10, 15 hasta 30 años de detención a raíz de la manifestación. Nosotros hacemos esto de la parte legal porque nos obliga el sentir que nos están despojando de nuestras tierras, nos están contaminando los ríos, nos están deforestando el área donde se pretende construir el basurero”, manifestó el líder comunitario. 

Pidieron a la Sala que dicte medidas cautelares que se detenga todo tipo de obras en el lugar.