La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la Ley de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026 y la Ley de Salarios, que asciende a un monto de $10,555.5 millones.

Se aprobó el presupuesto del Órgano Legislativo, por $46,996257 y el presupuesto general, el cual tendrá una modificación en la asignación del Órgano Judicial, pues ya no tendrá el 6% de los ingresos corrientes tras la reforma que eliminó ese porcentaje de la Constitución de la República.

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La reducción del monto para el Órgano Judicial se distribuyó entre Educación, Salud, Agricultura, Obras Públicas y Hacienda.

Con esta modificación, los presupuestos de dichos ramos quedarían así:

• Educación $1,681.1 millones
• Salud $1,345.02 millones
• MAG $188.3 millones
• MOPT $984.8 millones
• Hacienda $151.6 millones

Señalan vicios de legalidad

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, destacó que la aprobación de este presupuesto viene vicios legales y hasta inconstitucionales en cuanto a la disminución de recursos para el Órgano Judicial.

Recordó que la asignación constitucional del 6% de ingresos corrientes del presupuesto anual fue para que no dependa del Órgano Ejecutivo y pueda impartir justicia de forma imparcial y que el pasado martes cuando se acordó y ratificó la eliminación de ese porcentaje en el artículo 172 de la Constitución se afirmó por parte del oficialismo que no iba a tener reducciones.

«Descaradamente mintieron, porque dos días después, es decir, este día están justamente aprobando un presupuesto que ayer en la comisión se le recortaron más de cien millones el Órgano Judicial», dijo Ortiz.

Además, señaló que no se ha cumplido con el debido proceso, ya que el decreto de la reforma dice que entra en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial; pero que a ese momento la página web de dicho Diario tenía la última edición de fecha 11 de diciembre de 2025.

«Por lo tanto, ese decreto de reforma a la Constitución no ha sido publicado, no ha sido puesto materialmente a disposición de la ciudadanía y mucho menos han pasado ocho días después de eso. Eso quiere decir que la Asamblea Legislativa, o sea, todos nosotros seguimos obligados por la Constitución a asignarle el 6% de los ingresos corrientes al Órgano Judicial», afirmó.

Otro vicio que señaló que es que no se consultó a dicho Órgano los cambios en su presupuesto, como lo dicta el artículo 182 de la Constitución.

La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, también mencionó que el pasado martes cuatro diputados que defendieron la reforma constitucional «dijeron que no se iba a disminuir ni a aumentar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia».

«Por sus obras y sus actos los conoceréis. Al día siguiente le estaban quitando 164 millones de dólares a la Corte Suprema de Justicia. Y les dije, quiero ver ese presupuesto cuando venga y sea aprobado que se los voy a venir a decir en su cara», dijo.

Consideró que ese recorte afectará en recortes de personal en el Órgano Judicial, mora judicial o retrasos en la atención de justicia.

También el diputado Francisco Lira, de ARENA, criticó el recorte de fondos a la Corte Suprema de Justicia sin que se haya convocado a sus autoridades.

«Para quitarle la poca independencia financiera y en su momento chantajear al Órgano Judicial», dijo.

El legislador consideró que el presupuesto «continúa la lógica de los anteriores, de concentrar el recurso solamente en el Ejecutivo, reduciendo la capacidad de fiscalización de esta Asamblea Legislativa y marginando a los gobiernos locales y a las comunidades».

Por su parte, diputados de Nuevas Ideas afirmaron que este presupuesto está completamente financiado y que tiene importantes asignaciones para los ramos de Salud y Educación, así como en Seguridad.

«El incremento histórico en el presupuesto va en Salud y Educación. Esto demuestra que el centro de la política pública es el desarrollo humano desde la primera infancia hasta su formación ya en edad adulta», dijo Suecy Callejas.

«Estamos presupuestando de acuerdo a la capacidad que el país actualmente tiene y eso que, por supuesto, seguimos creciendo en la recaudación, porque se sigue invirtiendo en el país», expresó Giovanny Zaldaña.

Prioridades de recursos

Mientras que los ramos de Seguridad Pública y Defensa Nacional tendrán $1,037.1 millones para el próximo año, que representa el 14.8% del presupuesto.

Entre las prioridades del gobierno están el programa de Telemedicina, con $86,8 millones; lo agromercados y centrales de abasto, con $52.9 millones; el programa de conectividad digital social, con $32.7 millones; agua potable y saneamiento, con $31.7 millones.

También en la infraestructura pública se asignan montos millonarios. Por ejemplo, la continuidad del viaducto Los Chorros, con más de $110.1 millones; la construcción del bypass de Apopa, con $74.1 millones, ambos proyectos financiados con préstamos externos.

De hecho, más de $1,375.3 millones de los ingresos previstos provendrán de préstamos ya contratados por el gobierno.

La Dirección de Obras Municipales (DOM) contará con $101.9 millones para el programa de intervenciones en centros educativos y el MOPT tendrá otros $50 millones para obras en centros educativos priorizados.