Se trata del primer informe de seguimiento al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que revela que el Gobierno salvadoreño mantiene retrasos o incumplimientos en la mayoría de los compromisos adquiridos, especialmente en materia de transparencia fiscal, lucha anticorrupción, compras públicas y gestión del Bitcoin.

Así lo señala la organización Acción Ciudadana, en su primer estudio del seguimiento del acuerdo, luego de analizar uno a uno los compromisos del Gobierno pactados con el FMI y tras la revisión hecha por el Fondo en julio.

El informe concluye que “la mayoría de los compromisos no han sido cumplidos, ya sea porque no ha culminado la fecha establecida o porque no se encontró información que demuestre algún nivel de avance”.

Entre los puntos críticos se encuentra la falta de transparencia en las compras públicas, donde el Fondo exigió la publicación de los beneficiarios finales de todos los contratos estatales.

El documento detalla que “se encontró el lineamiento con las excepciones, pero no el Decreto Presidencial” y que “no se han publicado los beneficiarios finales” en el portal oficial.

Sobre el nuevo marco anticorrupción, que debía incluir un Centro Nacional Anticorrupción y la divulgación de declaraciones patrimoniales, tampoco se ha implementado, dice el documento y además recalca que no hay evidencia pública del cumplimiento de estas obligaciones

LEA TAMBIÉN: Ley Bitcoin cumple 4 años en medio del desmontaje de Chivo acordado con el FMI

En cuanto a la transparencia fiscal, aunque la Asamblea Legislativa aprobó en junio una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, el estudio subraya que esta fue introducida “con dispensa de trámite y sin análisis profundo”

Además, señala que persisten reservas de información sobre empresas estatales, incluyendo el caso de Diario El Salvador y Constructora El Salvador, que “habrían ocultado sus estados financieros”, según se documenta en el informe

Otro punto de incumplimiento advertido por Acción Ciudadana es el manejo de criptomonedas.

Pese al compromiso de reducir la exposición pública al Bitcoin, el informe indica que “no se encontró información sobre estados financieros de las empresas que participan en el proyecto Bitcoin” ni sobre el proceso de desmantelamiento de la Chivo Wallet.

Acción Ciudadana hace énfasis en el tema de la reforma de pensiones que debía incluir una evaluación actuarial independiente a más tardar el 30 septiembre de 2025, la fecha se cumplió y hasta el momento el estudio sigue pendiente y no hay información de cuándo será divulgado.

QUIZÁ LE INTERESE: Vence plazo para que Gobierno divulgue estudio actuarial de pensiones

“No se ha realizado la evaluación como tal”, afirma el reporte, que insta al Gobierno a publicar la información reservada por el Banco Central y la Superintendencia del Sistema Financiero

Finalmente, el informe de Acción Ciudadana concluye que el FMI en su primera revisión advirtió que las deficiencias en independencia judicial, acceso a la información y control del gasto público podrían afectar la credibilidad del programa financiero acordado.

El Fondo Monetario Internacional y El Salvador llegaron a un acuerdo técnico sobre el programa en el marco del Servicio Ampliado (SAF) por unos $1,400 mil millones de financiamiento por un periodo de cuarenta meses, estableciéndose los elementos del programa y los compromisos adquiridos por El Salvador.

Por el seguimiento que realiza el Fondo sobre estos programas, en julio de 2025 publicó en su sitio web que el Directorio Ejecutivo había finalizado la Consulta del Artículo IV completando así la primera revisión del acuerdo, sobre la que se basa el informe de Acción Ciudadana.

El documento de la organización exhorta al Estado a acelerar las reformas institucionales y a publicar información clave sobre el uso de recursos públicos y activos digitales. El informe con más de 30 páginas, cierra con pruebas documentales como fotografías o capturas de pantalla de la Ley de Responsabilidad Fiscal, de la página de la Dirección Nacional de Compras, entre otras imágenes.