Ubicados en el centro de San Salvador, en Santa Tecla y Suchitoto, la Fiscalía indicó que en estos lugares funcionaban prostíbulos y cervecerías y ha vinculado a sus dueños con la Pandilla 18.
Ubicados en el centro de San Salvador, en Santa Tecla y Suchitoto, la Fiscalía indicó que en estos lugares funcionaban prostíbulos y cervecerías y ha vinculado a sus dueños con la Pandilla 18.
La Fiscalía General de la República (FGR) intervino 13 inmuebles y cuatro cuentas bancarias e incautó dinero en efectivo, todo presuntamente vinculado a la pandilla Barrio 18 Revolucionarios.
“Las investigaciones determinaron que estos locales eran utilizados como prostíbulos y cervecerías”, informó la FGR.
Los inmuebles intervenidos están ubicados en la residencial Bosques de Santa Teresa de Santa Tecla, barrio San Esteban de San Salvador y barrio El Calvario de Suchitoto, en Cuscatlán.
Se señaló a una mujer identificada como Amanda del Carmen C. B. como dueña de once de las propiedades y supuesta líder de una estructura dedicada a la explotación sexual de personas. Los otros dos inmuebles pertenecen a Jacqueline Elizabeth R. C. y a Marcos R. A., puntualizó el Ministerio Público.
Los once inmuebles en los que había negocios propiedad de Amanda del Carmen C. B., ubicados en el centro de San Salvador, también se usaban para distribuir droga, afirmó la FGR y reveló que la sospechosa tendría vínculos con el Barrio 18 desde el año 2007 hasta la actualidad, generando ingresos para la estructura a través de la explotación sexual.
La Fiscalía aseguró que los tres se encuentran bajo detención y están siendo acusados por trata de personas en modalidad de explotación sexual, agrupaciones ilícitas y casos especiales de lavado de dinero y activos.
Dos cuentas bancarias y más de 14,500 dólares en efectivo también figuran entre lo incautado y pasarán a ser administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), una dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que administra bienes incautados de forma preventiva y hasta que un Juzgado de Extinción de Dominio eventualmente determine en un proceso si estos pasan definitivamente a manos del Estado.
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