El medio ambiente funciona como un sistema interconectado donde ninguna acción queda aislada. Cuando se altera un ecosistema, el impacto tarde o temprano se hará sentir.

El agravante para los salvadoreños es el territorio. Es muy difícil no percibir las repercusiones de las malas acciones contra el medio ambiente en un país de dimensiones limitadas, como lo hemos mencionado en artículos anteriores, especialmente ante la forma sorpresiva en que el cambio climático nos impacta.

En un territorio pequeño como El Salvador, cualquier alteración afecta la salud humana, la seguridad alimentaria, la economía local, la biodiversidad y la disponibilidad de agua.

En el caso específico del agua, la teoría nos pide cuidar el vital líquido, no desperdiciarlo y distribuirlo equitativamente. Sin embargo, no empezamos por lo primordial: producirlo.

En la escuela primaria aprendimos sobre el ciclo del agua o ciclo hidrológico, que es el proceso continuo de circulación y transformación del agua en la Tierra. En los gráficos de los textos escolares de nuestra época, el agua se evapora de los océanos, llega a las montañas, se condensa y se precipita sobre los bosques en forma de lluvia, rocío o neblina. Luego se infiltra en el suelo, desciende por el interior de las montañas o por riachuelos y alimenta manantiales, acuíferos y comunidades.

En un país pequeño y deforestado como el nuestro, este ciclo hidrológico se rompe drásticamente. Cuando un país pierde sus árboles, sufre graves alteraciones: disminuye la lluvia local, se reduce la humedad ambiental, disminuye la formación de nubes y se secan los mantos acuíferos. Además, el agua de lluvia ya no puede infiltrarse adecuadamente en el suelo.

Entonces se forma una escorrentía destructiva. En lugar de filtrarse, el agua corre con fuerza, afectando todo a su paso. Esto ya lo observamos en ciudades como Santa Ana y San Salvador Centro, donde provoca inundaciones y pone en riesgo la vida de las personas.

En nuestro país, con una población en crecimiento, el medio ambiente y los recursos naturales se encuentran entre la espada y la pared. La política y el desarrollo están atrapados en un círculo vicioso de causa y efecto. Hay que destacar que todo gobierno busca resaltar un proyecto insignia de desarrollo, la pujanza del crecimiento económico y la mejora en el clima de seguridad; sin embargo, el impacto visual y político suele imponerse sobre la agenda ambiental y de sostenibilidad.

El diseño y la instalación de megaobras sobre zonas de recarga hídrica, bosques tropicales secos o áreas cercanas a espacios naturales protegidos alteran ecosistemas vitales de forma irreversible.

De las megaobras que actualmente se construyen en el país, un estimado del impacto atmosférico indica que la pérdida de captura anual de carbono podría oscilar entre 1,080 y 2,715 toneladas de CO₂ por año. Asimismo, la liberación única de carbono por tala podría alcanzar entre 27,150 y 36,200 toneladas de CO₂.

Hay que considerar el efecto multiplicador. Aunque dejar de capturar 2,700 toneladas de CO₂ al año parezca una cifra baja a escala global —equivalente a las emisiones anuales de aproximadamente 2,000 vehículos medianos—, el verdadero impacto en un territorio de apenas 21,000 kilómetros cuadrados no radica únicamente en el gas liberado a la atmósfera, sino en sus efectos colaterales.

Esas masas forestales retenían millones de metros cúbicos de agua. Al perderse, el agua corre superficialmente, causando inundaciones severas aguas abajo y secando los pozos locales. A este fenómeno se le conoce como efecto esponja.

También se incrementa la proliferación de las islas de calor debido a la pérdida de la evapotranspiración generada por los árboles.

La compensación ambiental en El Salvador es el mecanismo legal diseñado para mitigar estos daños; sin embargo, en la práctica no siempre garantiza un impacto real. Aunque la legislación obliga a implementarla, existen debilidades en su aplicación y fallas estructurales persistentes.

¿Cómo funciona el mecanismo de compensación ambiental que muchos deberían cumplir al pie de la letra?

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) regula este proceso a través de la Ley de Medio Ambiente. Cuando un proyecto recibe autorización, se le imponen medidas dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Estas medidas incluyen tres modalidades principales:

Reforestación obligatoria: plantar una cantidad de árboles equivalente a una tasa que suele oscilar entre 10 y 20 árboles por cada árbol talado.

Fianzas ambientales: depósitos económicos que el desarrollador entrega al Estado como garantía de que cumplirá las obras de mitigación.

Pago al Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES): aportes económicos destinados a financiar proyectos ecológicos en otras zonas del país.

Para que la compensación deje de ser un simple trámite de papel y funcione en un país tan pequeño como El Salvador, se proponen varias medidas.

Aplicar el principio de No Net Loss, exigiendo por ley que el desarrollador demuestre que el ecosistema receptor alcanzará el mismo valor ecológico, hídrico y de biodiversidad que el ecosistema destruido.

Implementar la compensación in situ, obligando a que las medidas ambientales se ejecuten en la misma zona geográfica y microcuenca afectada para mantener el equilibrio hídrico local.

Asimismo, establecer sistemas de monitoreo digital y comunitario mediante imágenes satelitales, drones y auditorías realizadas por universidades nacionales e internacionales, con el fin de verificar la supervivencia real de los bosques sembrados.

Hay que reconocer que nuestro país ya se encuentra al límite de su capacidad ambiental.

Especialista en temas ambientales y descarbonización.