El pasado jueves 3 de septiembre el FMI anunció que se negocia una “reforma paramétrica” al sistema de pensiones del país; el adjetivo paramétrico no es accesorio, implica que se cambiarán puntos clave como edad de jubilación, años de cotización, tasas de aporte y obviamente el monto de las pensiones a recibir. Con un escenario poco bonancible es plausible pensar que los tres primeros puntos irán al alza y el último a la baja. Es decir, los trabajadores tendremos que laborar más años, cotizar más tiempo, aportar cuotas a las cuentas de ahorro. Nada nos garantiza que tales sacrificios produzcan pensiones mejores cuando nos retiremos.

Muy casualmente, el poco halagüeño anuncio se produce después de unas semanas en que el común denominador ha sido el supuestamente buen desempeño de la economía salvadoreña que pareciera crecer a niveles inusitados. El FMI dejó ver que las anunciadas reformas se realizarán después de las elecciones de febrero de 2027. Ni lo uno ni lo otro es fortuito. Ambas noticias deben analizarle a la luz de la campaña electoral presidencial en curso desde hace rato. Hace años que el crecimiento de la economía ha estado estancado. Ojalá la mejora anunciada sea cierta y no solo decorado de fondo para las elecciones. Habría que ver si el desempeño macroeconómico se refleja a nivel micro, es decir en la economía doméstica de los trabajadores.

Según el calendario pactado entre el FMI y el GOES, las reformas al sistema de pensiones debieron presentarse a inicios de este año; hay un retraso calculado. Y este retardo busca aminorar el previsible “efecto político-electoral” de la reforma. Importa que la gente vote antes por Bukele. Lo que venga después tendrán que aguantarlo. Al fin de cuentas, en su última toma de posesión logró que sus fans juraran “defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación, siguiendo al pie de la letra, cada uno de los pasos, sin quejarnos… y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo”. Mucha capacidad de convencimiento del presidente, y mucho fanatismo y falta de raciocinio de la masa amorfa que juró.

Los problemas del sistema de pensiones no son nuevos; este viene lastrado por un pecado de origen determinado por las reformas neoliberales implementadas por los primeros gobiernos de ARENA. Cierto que el anterior sistema ya era insostenible, pero el que lo sustituyó no fue mejor.

Además, sucesivos gobiernos evadieron el tema y cuando lo trataron no fue para bien. En 2006, la administración Saca aprobó la Ley de Creación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), obligando a las AFP a comprar Certificados de Inversión Previsional (CIP) emitidos por el FOP con los fondos de las cuentas individuales de ahorro. Con ese dinero se financió el pago de pensiones del sistema público antiguo (ISSS e INPEP), trasladando el costo del déficit estatal hacia el ahorro individual privado.

En septiembre de 2017, el gobierno de Sánchez Cerén aprobó otra reforma que incrementó la tasa de cotización del 13% al 15% del salario (7.25% a cargo del trabajador y 7.75% del empleador) y creó la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) para cubrir pensiones mínimas y del sistema público. Además, aumentó hasta un 45% el límite legal obligatorio de inversión de los fondos de pensiones en títulos CIP y habilitó el retiro anticipado de hasta un 25% del saldo de ahorro (Diario Oficial,28/09/2017).

Por último, en 2022, el gobierno actual aprobó la Ley Integral del Sistema de Pensiones (LISP) que elevó la cotización total al 16% (7.25% trabajador, 8.75% empleador), aumentó un 30% las pensiones por vejez y fijó un piso de pensión mínima de $400. Creó el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), disolvió el FOP y sustituyó los CIP por Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) a 50 años plazo. Asimismo, se estableció un periodo de gracia de 4 años para el pago del capital e intereses de la deuda previsional reestructurada. Además, eliminó el límite de la deuda del Estado con el fondo de pensiones. Desde entonces, el Estado ha tomado más de 3,300 millones de dólares de los ahorros y no ha pagado intereses.

En otras palabras: tres gobiernos diferentes metieron mano al sistema, sin que ello significara mejora significativa para los trabajadores. Los problemas persisten; solo así se explica que este mismo gobierno deba hacer una reforma cinco años después de la última. Ciertamente que ha habido mucha irresponsabilidad gubernamental, pero hay factores económicos estructurales que dificultan cualquier acción al respecto. Se calcula que la población en edad de trabajar (PET) asciende más o menos a 4.8 millones; pero la población económicamente activa (PEA) es solo el 60% de la PET. Ahí hay un problema y, por si fuera poco, resulta la PEA se desglosa en un 35% que trabaja en la informalidad (no cotiza), un 7.2% está desempleada, y solo un 25% tiene un empleo y cotiza al sistema de pensiones.

Entonces, el porcentaje de salvadoreños que cotizan para pensiones es muy bajo. Estos son los que han sido afectados por las reformas y lo seguirán siendo. Están mal, pero hay otros que están peor porque nunca tuvieron un empleo formal; han subsistido a costa de ingenio y sacrificios, pero quedan desprotegidos una vez llegan a la vejez. Complicada la realidad económica de un país que no es capaz de dar trabajo digno a su población.

Paradójicamente, esa distorsión del mercado laboral otorga a los políticos una ventaja cínica: como los cotizantes formales representan una minoría, el costo electoral de manipular o erosionar sus fondos termina siendo marginal. La «medicina amarga» recomendada por el FMI la sufrirá ese reducido grupo de trabajadores formales, mientras la vasta mayoría informal seguirá envejeciendo en la desprotección total. Al final, las distintas administraciones han compartido el mismo patrón: tratar el ahorro de los trabajadores como una caja chica de uso político, postergando la verdadera reforma social en nombre de la sostenibilidad fiscal del gobierno de turno.

Historiador, Universidad de El Salvador