Ante el crimen organizado transnacional, que afecta negativamente las sociedades en todos sus niveles, la comunidad internacional no se ha quedado cruzada de brazos y ha tomado medidas para combatirlo.

Las Naciones Unidas adoptaron la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada (Convención de Palermo) en el año 2000, junto con sus tres protocolos (Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niñas; el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones), para “promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional”.

Las Naciones Unidas también adoptaron la Convención Única sobre Estupefacientes en 1961, enmendada en 1972, que reconoce que “la toxicomanía constituye un mal grave para el individuo y entraña un peligro social y económico para la humanidad”. Asimismo, en 1988, surge la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, motivada “por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad”, y por “la sostenida y creciente penetración del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en los diversos grupos sociales y, particularmente, por la utilización de niños en muchas partes del mundo como mercado de consumo y como instrumentos para la producción, la distribución y el comercio ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, lo que entraña un peligro de gravedad incalculable”.

Este esfuerzo de la Organización Mundial continuó y, en 2003, adoptó la Convención contra la corrupción,sumamente preocupada “por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”. Además, a un nivel más operativo, no se puede ni se debe olvidar que en 1997 las Naciones Unidas crearon la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) cuando se fusionaron el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, con el fin de permitir a la Organización “centrar sus esfuerzos y fortalecer su capacidad para abordar las cuestiones interrelacionadas del control de drogas, la delincuencia y el terrorismo internacional en todas sus formas”.

Este esfuerzo de la Organización Mundial continuó y, en 2003, adoptó la Convención contra la corrupción,sumamente preocupada “por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”. Además, a un nivel más operativo, no se puede, ni se debe olvidar que en 1997 crearon la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) cuando se fusionaron el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, con el fin de permitir a la Organización “centrar sus esfuerzos y fortalecer su capacidad para abordar las cuestiones interrelacionadas del control de drogas, la delincuencia y el terrorismo internacional en todas sus formas.

Fuera del marco de las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuenta con la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, que adoptó porque, como afirma en su primer considerando, “el desarrollo del movimiento internacional de personas, capitales, mercancías y servicios – a pesar de ser altamente beneficioso por sí mismo – ha incrementado las posibilidades de elusión y evasión fiscal y que, por lo tanto, se requiere incrementar la cooperación entre autoridades fiscales”. Además, se debe recordar que, en el año 2000, la OCDE estableció el Foro Global que, en marzo de 2026, contaba con 173 miembros. Este Foro, que se reestructuró en 2009, “tiene a su cargo la vigilancia exhaustiva y la evaluación de pares de la puesta en práctica de los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información con fines tributarios.”.

Finalmente, en este rápido repaso debe mencionarse la importantísima labor de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), y recordar el esfuerzo igualmente importante del Grupo EGMONT. Establecido en Bruselas en 1995, bajo su égida se han creado 182 unidades de inteligencia financiera. Estas unidades “funcionan como centros nacionales para la recepción y el análisis de informes de transacciones sospechosas e información relevante sobre lavado de dinero, delitos subyacentes conexos y financiamiento del terrorismo”.

El submundo de los ilícitos atrofia el desarrollo de los países y provoca un altísimo nivel de violencia que obliga a miles de personas a desplazarse o a emigrar. En su escrito titulado Crimen Organizado y Migración: Crisis en la frontera entre Estados Unidos y México en tiempos electorales, el World Refugee & Migration Council, afirma que: “La violencia crónica en muchos países es causada por la competencia entre pandillas rivales por el desarrollo local, la explotación de tierras y recursos, el control de la producción, distribución y tráfico de narcóticos y la venta de armas, y los colectivos políticos…afiliados al Estado, que han obligado a las personas a abandonar sus hogares. También lo son los altos niveles de violencia sexual y explotación de mujeres y niñas, las cuales son perpetrados por pandillas locales para ejercer control sobre la población local. Como señala Sarah Bermeo, ‘Es una noción obsoleta que las personas de El Salvador, Guatemala y Honduras buscan principalmente oportunidades económicas en los Estados Unidos y, por lo tanto, deben esperar en la fila para obtener una visa. Para las personas que huyen de estos países, la espera de una visa puede resultar en la muerte, la violación o el reclutamiento forzoso para el crimen’”.

El informe también hace hincapié en que la “naturaleza transnacional de estos grupos de delincuencia organizada en el tráfico de migrantes indocumentados ha sido el foco de varios estudios recientes, que señalan el cambio en el modelo de negocio de los cárteles de la droga que se están aprovechando de los flujos de ingresos lucrativos y relativamente estables generados por el creciente número de personas que intentan huir de la violencia y la explotación sexual en sus comunidades locales. En los últimos años, a medida que las autoridades estadounidenses han hecho un esfuerzo concertado para interrumpir el tráfico de drogas, el atractivo de la trata y el contrabando de personas como una nueva empresa criminal de estos grupos también ha crecido. Estos grupos han sido capaces de aprovecharse de las condiciones locales caracterizadas por la ausencia de un estado de derecho, gobiernos estatales y municipales que hacen caso omiso de sus actividades, y una legislación anticuada contra la trata de personas en sus respectivas jurisdicciones nacionales. Una estimación de las dos principales rutas de contrabando que van desde el este, el norte y el oeste de África a Europa y de América del Sur a América del Norte sugiere que se trata de un negocio multimillonario”.

Hay un esfuerzo internacional claro, pero la dimensión del crimen organizado transnacional es enorme y su capacidad de corrupción inagotable. Así, combatirlo no es tarea fácil, pero eso no es razón para desistir sino para redoblar esfuerzos adoptando medidas basadas en la experiencia de décadas.