En México ya está en marcha la implementación del Servicio Universal de Salud, un plan que permitirá que todos los mexicanos reciban atención en cualquier hospital público.

El plan, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado abril, estará funcionando plenamente en 2027. Integra las principales instituciones de salud de México –el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar)– para compartir servicios, reducir la saturación del sistema público y mejorar la atención.

El IMSS atiende a trabajadores de la empresa privada; el ISSSTE a trabajadores del gobierno, y el IMSS-Bienestar ofrece atención gratuita a personas que no cuentan con seguridad social laboral. Ahora los tres sistemas funcionarán unidos, con el objetivo de que los más de 132 millones de mexicanos puedan recibir atención médica gratuita y de calidad, eliminando las barreras al cuidado de la salud.

Entretanto, al otro lado de la frontera, no aparece en el horizonte la menor señal de un cambio hacia un sistema de salud pública y universal. En Estados Unidos, la sanidad sigue siendo privada y muy costosa, y los intentos por socializar la medicina no han tenido éxito. Lo más lejos que se ha llegado en esa dirección es la aprobación en 2010, bajo la presidencia de Barack Obama, de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), comúnmente conocida como Obamacare. Esta ley se promulgó para aumentar el acceso de la población a los seguros privados, que suelen ser caros, dando ayuda a las familias de bajos ingresos para pagar un seguro. El Obamacare es un remedio, pero no una solución definitiva, al elevado costo de la atención médica en Estados Unidos.

Los estadounidenses que no tienen un seguro afrontan los siguientes gastos que deben pagar de su bolsillo para ser atendidos:

Por una consulta médica general, pagarán entre 150 y 300 dólares. Una consulta con un especialista cuesta entre 250 y 600 dólares. Si tienen que ir a una sala de emergencias, el costo oscilará entre 1.200 y 3.000 dólares, e incluso puede ser más. Y una noche de hospitalización cuesta, dependiendo del centro médico y de la ciudad, entre 2.800 dólares y más de 10.000. Estos precios, desde luego, son prohibitivos para la mayoría.

Hay alternativas de bajo costo para recibir atención primaria, medicamentos o tratamientos que no sean de emergencia, como centros de salud comunitarios, financiados por el gobierno federal, y clínicas gratuitas operadas por voluntarios. Pero no son suficientes, no están al alcance de todos, y no atienden las necesidades médicas de urgencia.

Por ley federal, los hospitales que reciben fondos del gobierno deben atender a cualquier persona que necesite un cuidado urgente y estabilizarla en la sala de emergencias, sin tener en cuenta su capacidad de pago o su estado migratorio. Pero más adelante, el paciente recibirá una factura por la atención médica recibida. No es gratis.

Más de 27 millones de personas en Estados Unidos no tienen seguro médico porque no pueden costearlo. El gobierno federal no los multa por no tener seguro, pero algunos estados –como California, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island– imponen penalidades fiscales a los no asegurados.

Más de 100 millones de estadounidenses tienen deudas por atención médica. Cada año, unos 550.000 se declaran en bancarrota debido a estas deudas. Y se calcula que alrededor de 45.000 personas mueren anualmente en Estados Unidos debido a la falta de seguro médico y a que carecen de acceso a atención sanitaria. Aproximadamente una muerte cada 12 minutos.

La penosa estadística es más alta en México, donde en 2022, más de 116.000 personas fallecieron sin recibir atención médica, principalmente por enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Alrededor del 20 por ciento de las muertes en México podrían estar vinculadas a la falta de atención médica o de medicamentos. En 2020, se eliminó el Seguro Popular –un sistema de seguro para personas sin seguridad social laboral– para sustituirlo por un sistema centralizado universal, pero la llegada de la pandemia del COVID-19 causó un trastorno que dejó a millones de personas sin cobertura médica efectiva.

La nueva medida del Servicio Universal de Salud, anunciada por la presidenta Sheinbaum, apunta precisamente a resolver esa crisis y salvar vidas, garantizando que la sanidad pública esté a disposición de todos los ciudadanos. El gobierno mexicano sostiene que la atención médica debe ser un derecho de todos, no un privilegio de los que puedan pagarla. Lamentablemente, al otro lado de la frontera, los estadounidenses siguen padeciendo el diagnóstico de que en su país, la salud es una mercancía. [FIRMAS PRESS]

Andrés Hernández Alende es un escritor y periodista radicado en Miami. Sus novelas más recientes son El ocaso yLa espada macedonia, publicadas por Mundiediciones. También ha publicado el ensayo Biden y el legado de Trump con Mundiediciones y el ensayo Una plaga del siglo XXI, sobre la pandemia del COVID-19.