En los últimos días se ha anunciado un nuevo programa de apoyo económico dirigido a personas salvadoreñas retornadas. Toda iniciativa que busque aliviar las dificultades que enfrentan quienes regresan al país merece ser reconocida. El retorno suele producirse en condiciones de alta vulnerabilidad: pérdida del empleo, ruptura de redes familiares, incertidumbre económica y el desafío de reconstruir un proyecto de vida.

Ese primer apoyo puede representar un punto de partida importante.

Sin embargo, la verdadera discusión no debería centrarse únicamente en la entrega de un incentivo económico, sino en la capacidad del país para convertir ese apoyo inicial en una estrategia sostenible de inclusión social y económica.

Durante muchos años, las políticas migratorias se han diseñado desde una lógica de emergencia. La prioridad ha sido atender la llegada de personas retornadas, brindar asistencia inmediata y responder a necesidades urgentes. Ese enfoque ha sido necesario, pero hoy resulta insuficiente.

La nueva realidad migratoria exige un cambio de paradigma.

Las personas retornadas no deben ser vistas únicamente como beneficiarias de programas de asistencia. Son ciudadanos que vuelven a incorporarse a la vida económica, social, productiva y comunitaria del país. En consecuencia, las acciones dirigidas a esta población deben dejar de entenderse exclusivamente como políticas migratorias para convertirse en políticas de desarrollo local.

Ese cambio de enfoque transforma completamente la manera de diseñar las intervenciones.

La pregunta deja de ser cuánto apoyo económico recibirá una persona y pasa a ser cómo logrará incorporarse al mercado laboral, acceder al sistema financiero, emprender un negocio, participar en la vida comunitaria, fortalecer su capital humano y contribuir al desarrollo de su municipio.

Es precisamente en el territorio donde ocurre la verdadera reintegración.

Ninguna persona retorna al Ministerio correspondiente. Retorna a un municipio, a una comunidad, a un barrio, a una familia y a un mercado laboral local. Es ahí donde busca empleo, donde intenta emprender, donde matricula a sus hijos en la escuela, donde necesita acceso a servicios públicos y donde reconstruye su proyecto de vida.

Por ello, la gobernanza municipal debe convertirse en el principal eje de las políticas de reintegración.

Cuando un gobierno local comprende la realidad migratoria de su territorio puede identificar quiénes están retornando, cuáles son sus capacidades, qué necesidades presentan y cómo integrarlas a los planes de desarrollo económico y social del municipio.

La reintegración deja entonces de ser una acción aislada para convertirse en un componente transversal del desarrollo territorial.

Esto supone incorporar a las personas retornadas dentro de las políticas municipales de empleo, formación técnica, emprendimiento, inclusión financiera, ordenamiento territorial, protección social, sostenibilidad ambiental, innovación productiva y participación ciudadana.

En otras palabras, la migración deja de ser un tema sectorial para convertirse en un factor que influye en el desarrollo del territorio.

El Salvador tiene hoy la oportunidad de avanzar hacia una nueva generación de políticas públicas que reconozcan que la movilidad humana ya forma parte de la dinámica permanente del país.

Las comunidades ya no solo expulsan población. También reciben retornados, personas desplazadas, migrantes en tránsito y, cada vez con mayor frecuencia, ciudadanos que regresan después de muchos años de vivir en el exterior, con perfiles, experiencias y capacidades muy diferentes.

Esa diversidad requiere respuestas diferenciadas.

No necesita únicamente programas de asistencia temporal; necesita instituciones locales fortalecidas, gobiernos municipales con capacidad de planificación, alianzas con el sector privado, universidades, organizaciones comunitarias y mecanismos permanentes de coordinación entre los distintos actores del territorio.

Celebrar los esfuerzos que hoy se anuncian es importante. Toda acción que contribuya a aliviar la situación de las personas retornadas suma al esfuerzo nacional.

Pero también es necesario abrir la discusión sobre el siguiente paso.

El éxito de una política de reintegración no debería medirse únicamente por el número de personas que reciben un apoyo económico, sino por la cantidad de ciudadanos que, años después, lograron incorporarse plenamente a la vida productiva, generar ingresos sostenibles, fortalecer a sus familias y convertirse en actores del desarrollo de sus comunidades.

Ese es el desafío de la próxima década. La política migratoria debe evolucionar hacia una política de desarrollo territorial. Porque, al final, las personas no regresan únicamente a un país. Regresan a un municipio. Y es desde el municipio donde verdaderamente comienza la reintegración.

Director de Asociación Agenda Migrante El Salvador ( AAMES)