En El Salvador, recordar no significa únicamente mirar al pasado. Significa interpelar al presente y exigir que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos sean escuchadas. La memoria histórica es, por ello, una forma de resistencia frente al olvido y una herramienta para reclamar verdad, justicia y reparación al Estado salvadoreño.
En septiembre de 2026, el Comité de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COPPES) conmemora 46 años de organización, resistencia y defensa de los derechos de quienes fueron perseguidos y encarcelados por razones políticas. Su historia está ligada a uno de los períodos más dolorosos de nuestro país y a la lucha de quienes sobrevivieron a la represión, la detención arbitraria y la tortura.
A esta conmemoración se suma la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, que en agosto conmemoró 32 años de acompañar a familias que aún buscan a sus niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado. Décadas de trabajo han demostrado que la búsqueda de la verdad puede conducir a reencuentros familiares y respuestas, pero también que cientos de historias siguen sin ser esclarecidas por el Estado.
COPPES y Pro-Búsqueda forman parte de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), desde donde organizaciones de víctimas y de derechos humanos continúan denunciando una deuda histórica que permanece sin resolver: la falta de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto armado.
Una de las expresiones más evidentes de esta deuda es el incumplimiento de la Asamblea Legislativa de aprobar una Ley de Justicia Transicional, pese a que la Sala de lo Constitucional estableció expresamente esa obligación en su sentencia de julio de 2016 (referencia 44-2013/145-2013). Han transcurrido diez años desde aquella decisión y, pese a que las organizaciones de la MECIES han presentado cuatro anteproyectos de ley, el Órgano Legislativo continúa sin responder al mandato judicial.
Durante estos diez años, los distintos partidos políticos que han tenido representación y capacidad de decisión en la Asamblea Legislativa, incluidos ARENA, el FMLN y Nuevas Ideas, han incumplido su responsabilidad de escuchar y atender las demandas de las víctimas. Sus compromisos y ofrecimientos se han quedado en promesas vacías, mientras las víctimas continúan esperando una legislación que reconozca sus derechos y garantice verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
El paso del tiempo no ha hecho desaparecer esta deuda. Por el contrario, evidencia la falta de voluntad política para cumplir una obligación judicial y responder a quienes llevan décadas esperando justicia.
La impunidad también se expresa en la falta de avances en las investigaciones. Las denuncias presentadas por COPPES ante la Fiscalía General de la República sobre detenciones, desapariciones y torturas continúan sin la debida judicialización, prolongando el sufrimiento de las víctimas y sus familias y negándoles el derecho fundamental a conocer la verdad y obtener justicia.
No se trata de reabrir heridas, como algunos simplistamente afirman, sino de cerrarlas con verdad, justicia y dignidad. La desaparición forzada, la tortura y la persecución política no pueden quedar reducidas a páginas de la historia. Sus consecuencias siguen presentes en las familias y en la sociedad salvadoreña.
Por eso, conmemorar los 46 años de COPPES y los 32 años de Pro-Búsqueda es también recordarle al Estado salvadoreño que la verdad no prescribe y la justicia no puede seguir siendo postergada.
La memoria histórica que defienden las víctimas no busca venganza. Busca dignidad. Busca que los archivos sean abiertos, que las investigaciones avancen, que los responsables respondan ante la justicia y que las víctimas reciban una reparación integral.
Frente al olvido y la impunidad, las víctimas seguirán con la frente en alto exigiendo al Estado salvadoreño verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para todas las víctimas.
Oscar Antonio Pérez, periodista y comunicador social salvadoreño.
