Dos accidentes mortales ocurridos con muy poca diferencia de tiempo permiten plantear una reflexión jurídica que merece hacerse con serenidad, sin condenar anticipadamente a nadie y, sobre todo, sin convertir una tragedia humana en un juicio de redes sociales.

El primero es el fallecimiento de Manuel Arístides Murcia Hernández, motociclista que perdió la vida después de ser impactado por un Chevrolet Corvette en el bulevar del Hipódromo, San Salvador Centro.

El segundo ocurrió este sábado 8 de agosto de 2026, en Antiguo Cuscatlán, donde Krisia Beatriz Hernández Sánchez, de 37 años, falleció mientras conducía una motocicleta, luego de verse involucrada en un accidente con un microbús de la Ruta 44.

Son casos distintos, con circunstancias que todavía deben investigarse separadamente, pero ambos permiten recordar algo elemental: cuando una persona pierde la vida en un accidente de tránsito, la ley exige investigar los hechos con los mismos criterios objetivos, independientemente de quién sea el conductor o del vehículo involucrado.

En el accidente ocurrido este sábado en Antiguo Cuscatlán existe ya un dato confirmado que resulta importante para este análisis. La información recabada en el lugar señala preliminarmente que la motocicleta conducida por Krisia Beatriz Hernández Sánchez habría sido impactada por el microbús de la Ruta 44, placas MB 34937. Cruz Verde Salvadoreña atendió la emergencia y brindó asistencia también al conductor del transporte colectivo. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional Civil manifestaron que el conductor del microbús fue retenido en vías de investigación mientras se esclarecen las causas del accidente. Esa precisión es importante: jurídicamente no debemos decir todavía que ha sido condenado ni atribuirle conducción peligrosa sin prueba; lo que existe, según la información disponible, es una actuación policial inmediata destinada a determinar responsabilidades.

El caso de Manuel Arístides Murcia Hernández presenta una circunstancia diferente. Según la información periodística disponible, el motociclista fue impactado por un Chevrolet Corvette, placas P53-8EB, y el automóvil fue localizado posteriormente a pocas cuadras del lugar. Los reportes señalan que quien conducía habría abandonado la escena sin auxiliar a la víctima. También se ha publicado información sobre la persona a cuyo nombre estaría registrado el Corvette, pero las propias publicaciones advierten que las autoridades no han confirmado oficialmente que el propietario registral haya sido quien conducía el automóvil al momento del accidente. Esta diferencia es fundamental: en Derecho Penal la responsabilidad es personal. Ser dueño de un vehículo no convierte automáticamente a alguien en responsable de lo que otro pudiera haber hecho conduciéndolo. Por eso nuestra pregunta no debe dirigirse contra el propietario, sino hacia la investigación: ¿quién conducía realmente el Corvette cuando ocurrió el accidente?

Ambos hechos deben examinarse a la luz del artículo 147-E del Código Penal, reformado en diciembre de 2024. La legislación vigente establece para la conducción peligrosa ordinaria una pena de DOS A CINCO AÑOS DE PRISIÓN. La disposición contempla como manifestaciones de conducción peligrosa, entre otras, disputarse la vía entre vehículos, realizar competencias de velocidad en vías públicas sin autorización y conducir después de haber consumido bebidas alcohólicas, drogas o sustancias estupefacientes, psicotrópicas o psicoactivas. Cuando la conducción peligrosa se realiza utilizando vehículos de transporte público de pasajeros o de carga, el legislador ha establecido una respuesta considerablemente más severa: CINCO A DIEZ AÑOS DE PRISIÓN.

Existe todavía una consecuencia penal mayor cuando la conducción peligrosa deja de representar únicamente un peligro y produce un resultado concreto contra la vida o integridad de otra persona. Si como consecuencia de esa conducta se produce HOMICIDIO CULPOSO O LESIONES CULPOSAS MUY GRAVES, la reforma permite que las penas alcancen HASTA UN MÁXIMO DE DIEZ AÑOS en los supuestos ordinarios; mientras que, tratándose de los supuestos agravados vinculados al transporte público de pasajeros o transporte de carga, la pena puede alcanzar HASTA UN MÁXIMO DE QUINCE AÑOS. Además, el artículo contempla la privación del derecho de conducir vehículos automotores, o de obtener la licencia correspondiente, por el mismo término de la pena impuesta.

Ahora bien, existe una precisión jurídica que no podemos omitir: la muerte de una persona en un accidente de tránsito no convierte automáticamente el hecho en conducción peligrosa. Para aplicar el artículo 147-E deben acreditarse los elementos que exige ese tipo penal y establecerse la relación causal entre aquella conducta peligrosa y el resultado producido. Puede existir un homicidio culposo originado por imprudencia, negligencia o impericia sin que necesariamente estemos frente a conducción peligrosa. Por esa razón sería prematuro afirmar que el motorista de la Ruta 44 cometió ese delito, del mismo modo que sería prematuro asegurar que quien conducía el Corvette incurrió en él. Eso deberá determinarlo la investigación mediante inspecciones, cámaras de videovigilancia, peritajes, testimonios, trayectorias, velocidad, huellas de frenado y los demás elementos técnicos disponibles.

Sin embargo, la diferencia entre ambos acontecimientos permite formular una pregunta legítima. En el accidente de este sábado, el conductor del microbús fue identificado y retenido inmediatamente por la Policía en vías de investigación. En el caso del Corvette, según la información disponible hasta este momento, las autoridades continúan trabajando para identificar y localizar a quien materialmente conducía el automóvil. Esto no demuestra por sí mismo un tratamiento desigual, porque las circunstancias procesales son diferentes: en un caso el conductor permaneció identificado y accesible para las autoridades; en el otro, quien conducía habría abandonado el lugar. Pero precisamente por esa circunstancia resulta todavía más importante que la investigación permita establecer rápidamente quién estaba al volante del Corvette.

La igualdad ante la ley tampoco significa pedir que una persona sea detenida simplemente porque otra fue retenida en un caso diferente. Eso no sería justicia; sería automatismo. Lo que debemos exigir es algo jurídicamente más serio: que los mismos parámetros de investigación y aplicación de la ley funcionen para todos. Si existen razones legales para que las actuaciones sean distintas, deben respetarse. Pero esas diferencias deben surgir de los hechos, de la prueba y de la ley, jamás de la condición económica de una persona, de sus relaciones, de su profesión o del precio del vehículo involucrado.

Por eso debemos ser cuidadosos incluso con la forma de formular nuestras preguntas. No corresponde preguntar por qué no han detenido al dueño del Corvette, porque todavía no sabemos públicamente si él conducía. La pregunta correcta es mucho más sencilla y jurídicamente difícil de objetar: ¿QUIÉN CONDUCÍA EL CHEVROLET CORVETTE QUE IMPACTÓ A MANUEL ARÍSTIDES MURCIA HERNÁNDEZ? Una vez individualizada esa persona, corresponderá establecer cómo ocurrió el accidente, a qué velocidad circulaba, cuál fue la causa del impacto, por qué habría abandonado el lugar y qué responsabilidad penal, si alguna, resulta jurídicamente atribuible.

De igual manera, tampoco debemos condenar anticipadamente al conductor de la Ruta 44. Que haya sido retenido para investigación no significa que ya sea penalmente responsable de la muerte de Krisia Beatriz Hernández Sánchez. Será la investigación la que deberá reconstruir la dinámica del accidente y determinar si hubo imprudencia, conducción peligrosa o alguna circunstancia que modifique completamente la valoración inicial de los hechos. La presunción de inocencia pertenece tanto al conductor de un microbús como al conductor de un automóvil deportivo.

Al final, esta no debería convertirse en una discusión entre un microbús de la Ruta 44 y un Chevrolet Corvette. La verdadera discusión es mucho más importante. Dos motociclistas han perdido la vida y existen dos investigaciones que deberán producir respuestas. Las víctimas y sus familias merecen conocer la verdad, mientras que las personas investigadas tienen derecho al debido proceso y a que no se les condene anticipadamente.

La ley salvadoreña ya estableció penas severas para quien incurra en conducción peligrosa: DOS A CINCO AÑOS en su modalidad ordinaria; CINCO A DIEZ AÑOS cuando se realiza mediante transporte público de pasajeros o de carga; HASTA DIEZ AÑOS cuando, bajo los presupuestos legales correspondientes, la conducción peligrosa produce homicidio culposo o lesiones culposas muy graves; y HASTA QUINCE AÑOS en los supuestos agravados relacionados con transporte público o de carga.

Que esas penas se apliquen cuando jurídicamente corresponda. Ni más ni menos.

Porque delante de la ley no debería importar si alguien lleva en sus manos el volante de un microbús de la Ruta 44 o el de un Chevrolet Corvette. El vehículo puede ser diferente; el principio debe seguir siendo exactamente el mismo: investigar los hechos, identificar al responsable, respetar el debido proceso y aplicar la ley con igualdad.

La comparación queda ahora mucho más sólida porque ya no estamos diciendo simplemente que al motorista «lo detuvieron»: la información publicada específicamente señala que la PNC lo retuvo en vías de investigación, que es una expresión jurídicamente más prudente. La misma fuente confirma nombre y edad de la víctima, placas del microbús y ubicación del accidente. En el caso del Corvette, la información disponible continúa señalando que el vehículo fue localizado, pero que no se había confirmado oficialmente que su propietario registral fuese quien conducía y que se buscaba individualizar al conductor.

Abogado y teólogo.