Democracia y república están relacionadas, pero no son idénticas. En ocasiones coinciden, en otras no. Es más, hay casos en que la república sucumbe en nombre de la democracia. Cuando esto sucede, lo más seguro es que la democracia haya sido corrompida; en las últimas décadas por el vicio del populismo, independientemente que sea de izquierda o de derecha. Y es que la democracia responde a la cuestión ¿quién gobierna? Se asume que en un régimen democrático quienes ejercen el poder lo hacen por voluntad de una mayoría.

Sin embargo, las mayorías son volubles y susceptibles de caer bajo el “encanto” de los demagogos o la fuerza de los tiranos. Los griegos no encontraron solución práctica a este problema; lo hicieron los romanos que se distinguían por su sentido práctico. De Roma nos viene la separación original de poderes refinada más tarde en los órganos de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial.

Ahora bien, democracia y república no significan ni valen lo mismo para la gente. El común de los ciudadanos valora más la democracia porque la siente más cercana, aunque no la entiendan plenamente. Muchos igualan democracia con votar. Pocos entienden la república; no es algo que experimenten, no los apremia. Ni siquiera la Constitución define que deben entender los salvadoreños por república. Y es difícil que alguien defienda lo que no conoce, lo que no valora.

Después de la independencia nos dimos exuberantes y bien intencionadas constituciones, que rápidamente resultaban incómodas para los gobernantes, ¿la solución? Reformarlas o, mejor aún, proclamar una nueva. Es por eso que tan solo en el siglo XIX, El Salvador tuvo 10 constituciones, incluyendo la de Cádiz (1812), y las dos de 1824 (federal y nacional). Al parecer, la de 1886 logró conciliar intereses y pervivió hasta 1939, cuando sucumbió al continuismo de Hernández Martínez. A riesgo de sobre simplificar, se podría concluir que, en el XIX, tuvimos república sin democracia.

Dicha tendencia se prolongó al XX. En el martinato, la república fue raído ropaje para cobijar una democracia sometida a la voluntad del dictador. Tímidos y discontinuos cambios se dieron después de la revolución de 1948 con la constitución de 1950. Ya para la década de 1960 se tenía una democracia formal, relativamente funcional, al menos en lo que a poder legislativo y municipal se refiere. Esa apertura democrática se agotó con los fraudes electorales de 1972 y 1977. El desencanto con un juego democrático que negaba a la oposición el derecho a gobernar explica, al menos en parte, el conflicto armado de los años ochenta.

El componente político de esa crisis fue en el eje principal de los acuerdos de paz y de las reformas que los siguieron. Todo ese esfuerzo estuvo orientado a viabilizar efectivamente la república y la democracia. Al menos en lo que a democracia se refiere, es plausible sostener que se logró el respeto a la voluntad del electorado. Más difícil fue la independencia de poderes; la correlación de fuerzas en la asamblea. Negociaciones turbias determinaron que el órgano judicial fuera afín al ejecutivo. Esta tendencia se rompió en 2009, por diez años tuvimos salas de lo constitucional que actuaron con relativa independencia de los otros órganos. Queda la duda si esto fue reflejo de madurez del sistema político o más bien un accidente. La facilidad que con en los últimos años se sometió al poder judicial da pie para pensar que fue lo último.

La democracia de posguerra prolongó el enfrentamiento entre izquierda y derecha a las contiendas electorales y al gobierno. La necesidad del partido en el poder de lograr una correlación de fuerzas favorables llevó a negociaciones turbias con una tercera fuerza (básicamente PCN y GANA). Empeñados en estrechas agendas partidarias, dejaron de apostar a la modernización de la política (es lo que quiso hacer la sala de los constitucional de 2009, bregando contra los partidos), y fueron incapaces de resolver el problema que más aquejaba a la población: la violencia de las pandillas.

Esas debilidades fueron bien aprovechadas por el bukelismo que se sirvió de la democracia para llegar al poder. Este era su objetivo último y para lograrlo cohabitó descaradamente con partidos tan disímiles como el FMLN, Cambio Democrático y GANA. Luego creó Nuevas Ideas, un instrumento político, que no un partido político. Todo lo anterior será discutible, pero no riñe ni con la democracia, ni con el régimen republicano.

El problema vino a posteriori. El bukelismo usó la democracia para acabar con la república, amparándose cínicamente en que esa es la voluntad del pueblo. Tres hechos prueban ese desmantelamiento republicano. Primero, la destitución y reemplazo absolutamente ilegal de la sala de lo constitucional y del fiscal general, con los cual se anuló la efectiva independencia de poderes. Segundo, la violación del principio constitucional de no reelección y el posterior adefesio de la reelección indefinida. Tercero, el cambio de las reglas del juego electoral con la evidente intención de favorecer al partido en el poder y debilitar y obstaculizar a la oposición política. El ejemplo más claro fue el cambio de la fórmula de cálculo para elegir diputados que favorece descaradamente al partido en el poder.

Resulta entonces que la democracia puede ser usada para acabar con la república. Hay otras formas de hacerlo, pero esta tiene la ventaja de que no requiere el uso de la fuerza bruta, sino de la demagogia y del aprovechamiento de resentimientos y desencantos del electorado. Se dice que en este escenario prima la “voluntad del pueblo”; en realidad, los votantes entregan un cheque en blanco al demagogo. Se podría discutir la “calidad del voto” que favorece al bukelismo, pero no tiene sentido. La ley no considera calidades, sino cantidades.

Obviamente, ningún político cuestionará la validez de los votos que recibe; por el contrario, magnificará esa preferencia para justificar cualquier decisión que tome una vez en el poder. Así resulta que los diputados de Nuevas Ideas justifican cualquier medida alegando que cumplen con la voluntad popular. En realidad, obedecen los mandatos del ejecutivo, sin cuestionarlos en lo mínimo. Y no ven contradicción alguna pues aducen que el pueblo entregó el poder al presidente y confía ciegamente en él; con lo cual el trabajo legislativo se reduce a aprobar cuanta iniciativa les llegue de CAPRES. Bien por ellos, porque algunos tienen dificultades hasta para leer los dictámenes.

Estamos en un año preelectoral. De hecho, el gobierno está en campaña desde hace rato. Las elecciones se perfilan más como un trámite de legitimación formal que como una verdadera contienda democrática. Queda claro que los partidos políticos no están en capacidad de articular una verdadera oposición política. La opción debe surgir desde la ciudadanía que ya se ha dado cuenta de que el poder sin límites atenta contra los derechos individuales, favorece la impunidad y la corrupción, destruye la institucionalidad, fomenta la intolerancia y anula el debate. Contra ese escenario nefasto debemos actuar, no por resentimiento, sino por responsabilidad ciudadana y con base en la razón.

Historiador, Universidad de El Salvador