El Salvador ya cuenta con una ley para la diáspora y las personas en movilidad humana. La pregunta es sencilla: ¿quién la conoce, quién la está implementando y con qué recursos?

Desde agosto de 2025 está vigente la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana. Su contenido es amplio: retorno y reintegración, movilidad laboral, inclusión financiera, inversión de la diáspora, asistencia humanitaria y coordinación institucional.

Sobre el papel, constituye un avance. Sin embargo, una ley adquiere verdadero valor cuando existen instituciones, presupuesto y voluntad política para hacerla cumplir.

Para 2026, el presupuesto de Cancillería asignó aproximadamente 14.59 millones de dólares a Atención a la Diáspora y Movilidad Humana. De estos recursos, más de 12.4 millones corresponden a las representaciones consulares, mientras que la línea denominada Movilidad Humana y Asistencia e Inclusión a la Persona Migrante cuenta con alrededor de 580 mil dólares.

No cuestionamos la importancia de los consulados. Su labor es indispensable para millones de salvadoreños residentes en el exterior. La discusión es otra: ¿son suficientes los recursos destinados al retorno, reintegración y atención de las nuevas realidades migratorias que enfrenta el país?

Tenemos una legislación ambiciosa, pero todavía debemos preguntarnos dónde están los recursos específicos para convertir sus disposiciones en resultados verificables.

Y esta discusión llega precisamente cuando nuevos candidatos aspiran a representar políticamente a la diáspora.

Escuchamos propuestas, promesas y nuevas iniciativas. Pero antes de ofrecernos más leyes, sería conveniente comenzar por conocer y evaluar la que ya existe.

Por eso hago una invitación pública:

Candidatos a diputados por la diáspora: conozcan esta ley.

Estúdienla. Dígannos qué disposiciones funcionan, cuáles necesitan reformas, cuánto presupuesto debería asignarse al retorno y la reintegración y cómo ejercerán su función de fiscalización.

También debemos prepararnos para una nueva realidad migratoria. Al país no solamente regresan personas que requieren asistencia. Regresan trabajadores, técnicos, profesionales, emprendedores y personas con conocimientos adquiridos durante años en el exterior. Ese capital humano debe incorporarse al desarrollo de nuestras comunidades.

Pero debemos avanzar todavía más.

El Salvador necesita una institucionalidad nacional especializada en migraciones, con capacidad técnica, liderazgo, competencias claramente definidas y un presupuesto suficiente para responder integralmente a la movilidad humana.

La cooperación internacional seguirá siendo importante y bienvenida. Puede aportar conocimientos, recursos y experiencias. Pero la agenda migratoria salvadoreña debe construirse desde El Salvador, desde nuestras comunidades, nuestra diáspora, nuestros retornados, nuestras organizaciones y nuestras instituciones.

Tenemos capacidad técnica. Tenemos experiencia acumulada. Tenemos liderazgo.

No podemos continuar dependiendo de que organismos internacionales o proyectos de cooperación definan cuáles deben ser nuestras prioridades migratorias.

Por eso, a quienes aspiran a convertirse en legisladores de la diáspora les planteamos una pregunta:

Si usted resulta electo, ¿qué disposiciones de esta ley se compromete a fiscalizar, fortalecer y dotar de presupuesto, y qué hará para construir una institucionalidad migratoria verdaderamente nacional?

La cooperación puede acompañarnos. Pero la agenda migratoria de El Salvador debemos dirigirla los salvadoreños.

Cesar Ríos

Director, Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES)