Transparencia en El Salvador sigue en deuda según la evaluación de Acción Ciudadana
El informe Scorecard Transparencia Activa 2026 revela que ninguna institución pública alcanzó el cumplimiento total de sus obligaciones de transparencia y que un 58% de estas reprobó
El nuevo edificio permitirá que la Fiscalía actuar con mayor rapidez y fortalecer sus capacidades. | EDH / Foto Cortesía Presidencia de la República de El Salvador. Foto EDH/Cortesía.
La transparencia activa en las instituciones públicas salvadoreñas continúa mostrando importantes deficiencias, pese a una leve mejoría respecto al año anterior. Así lo concluye el informe Scorecard Transparencia Activa 2026, presentado por Acción Ciudadana, que evaluó el cumplimiento de las obligaciones de publicación y actualización de información oficiosa en 38 entidades estatales.
El estudio, realizado por cuarto año consecutivo durante la actual administración, examinó ministerios, instituciones autónomas, órganos fundamentales de gobierno y entes de control para determinar si cumplen con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Uno de los principales hallazgos es que el promedio general de cumplimiento apenas alcanzó el 42 %, una mejora de siete puntos porcentuales respecto al 35 % registrado en 2025. Sin embargo, la organización advierte que el resultado sigue siendo insuficiente y refleja un bajo nivel de transparencia activa.
Además, ninguna de las 38 instituciones evaluadas logró un cumplimiento total de sus obligaciones. El mejor resultado fue obtenido por el Ministerio de Cultura, que alcanzó un 92 % de cumplimiento, convirtiéndose en la única entidad clasificada en el nivel alto.
Acción Ciudadana presenta el informe "Scorecard: transparencia activa 2026".
En contraste, 22 instituciones, equivalentes al 57.8 % del total evaluado, obtuvieron un nivel de cumplimiento bajo, es decir, publicaron o actualizaron menos de la mitad de la información que estaban obligadas a divulgar.
Según Acción Ciudadana, este resultado evidencia que la falta de transparencia sigue siendo un problema estructural dentro del aparato estatal.
Entes fiscalizadores entre los peores evaluados
Uno de los aspectos más preocupantes señalados en el informe es el desempeño de las instituciones encargadas precisamente de velar por la transparencia y la rendición de cuentas.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), responsable de supervisar el cumplimiento de la ley, obtuvo apenas un 13 % de cumplimiento. La Fiscalía General de la República registró solo un 1 %, mientras que la Corte de Cuentas alcanzó un 3 % y el Tribunal Supremo Electoral un 1 %.
Acción Ciudadana señaló que los entes de control fueron el único grupo institucional que retrocedió respecto a 2025, registrando una disminución de ocho puntos porcentuales en sus indicadores de cumplimiento.
«La escasa rendición de cuentas afecta la credibilidad y efectividad del sistema institucional», advirtió la organización.
Información financiera, la más rezagada en transparencia
El monitoreo también confirmó una tendencia observada en años anteriores: la información financiera sigue siendo la menos publicada o actualizada por las instituciones públicas.
Entre los datos con mayores incumplimientos figuran los presupuestos institucionales, informes de ejecución presupuestaria, remuneraciones, viajes oficiales, adquisiciones y contrataciones.
Para Acción Ciudadana, esta situación limita la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar el uso de los recursos públicos y reduce los mecanismos de control social sobre la gestión estatal.
El resumen de hallazgos presentado por Acción Ciudadana en sus redes. | Foto EDH/Cortesía.
Persisten portales desactualizados
El principal problema detectado continúa siendo la desactualización de la información publicada en los portales de transparencia.
La organización encontró casos de instituciones que no actualizan información desde 2021, 2023 o 2024. Incluso identificó entidades que ni siquiera cuentan con todos los apartados exigidos por la normativa vigente para divulgar información pública.
Pese a que 26 instituciones mejoraron sus resultados respecto a la evaluación anterior, Acción Ciudadana considera que el avance es insuficiente y concluye que el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública todavía no constituye una prioridad dentro de la gestión gubernamental.
El informe también destaca que los resultados del Ministerio de Cultura demuestran que sí es posible alcanzar altos niveles de cumplimiento cuando existe voluntad institucional, mientras que en otras entidades persisten patrones de incumplimiento y opacidad que se repiten año tras año.
La organización hizo un llamado al Instituto de Acceso a la Información Pública para retomar las evaluaciones periódicas de desempeño que realizaba en años anteriores y fortalecer los mecanismos de fiscalización para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa.
