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Ordenan apertura a juicio contra Alberto Romero, exdiputado, por lavado de dinero

El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador resolvió decretar apertura a juicio en contra del exdiputado Alberto Romero Rodríguez, quien enfrenta un proceso penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y de activos, según informó oficialmente Centros Judiciales. Tras desarrollar la audiencia preliminar y examinar la oferta probatoria presentada tanto por la representación fiscal como por la defensa, la juzgadora admitió los elementos que serán debatidos en una eventual vista pública para definir la situación jurídica del imputado. Asimismo, la resolución judicial ratificó la medida cautelar de detención provisional en su contra. De acuerdo con el dictamen de acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), los señalamientos corresponden al período comprendido entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de octubre de 2022, lapso en el que Romero Rodríguez fungió como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), registrando un incremento patrimonial no justificado que asciende a $1,189,836.07. PODRÍA INTERESARLE: Aficionados haitianos en Miami respaldan despliegue militar ordenado por Nayib Bukele Las pesquisas del Ministerio Público sostienen que el exlegislador ejecutó operaciones de blanqueo de capitales mediante la reestructuración de fondos. Estas maniobras habrían incluido la realización de depósitos bancarios, cancelaciones en efectivo de tarjetas de crédito y de préstamos financieros, además de la compra de vehículos automotores y bienes inmuebles. Desvío de aportes partidarios para uso de Alberto Romero Dentro del proceso también se imputa al exdiputado haber reportado un ingreso …

Alberto Armando Romero Rodríguez
Alberto Armando Romero Rodríguez, exdiputado, enfrenta apertura a juicio. Foto EDH/Cortesía Centros Judiciales.

El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador resolvió decretar apertura a juicio en contra del exdiputado Alberto Romero Rodríguez, quien enfrenta un proceso penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y de activos, según informó oficialmente Centros Judiciales.

Tras desarrollar la audiencia preliminar y examinar la oferta probatoria presentada tanto por la representación fiscal como por la defensa, la juzgadora admitió los elementos que serán debatidos en una eventual vista pública para definir la situación jurídica del imputado.

Asimismo, la resolución judicial ratificó la medida cautelar de detención provisional en su contra.

De acuerdo con el dictamen de acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), los señalamientos corresponden al período comprendido entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de octubre de 2022, lapso en el que Romero Rodríguez fungió como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), registrando un incremento patrimonial no justificado que asciende a $1,189,836.07.

Las pesquisas del Ministerio Público sostienen que el exlegislador ejecutó operaciones de blanqueo de capitales mediante la reestructuración de fondos.

Estas maniobras habrían incluido la realización de depósitos bancarios, cancelaciones en efectivo de tarjetas de crédito y de préstamos financieros, además de la compra de vehículos automotores y bienes inmuebles.

Asamblea Legislativa plenaria Norman Quijano Rodolfo Parker Alberto Romero
De izquierda a derecha Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, Alberto Romero, diputado de ARENA, Norman Quijano, diputado de ARENA, Rodolfo Parker, diputado de PDC. Foto EDH/Archivo

Desvío de aportes partidarios para uso de Alberto Romero

Dentro del proceso también se imputa al exdiputado haber reportado un ingreso patrimonial por un monto de $142,922.62 bajo el concepto de pago de proveedores.

Sin embargo, las indagaciones fiscales determinaron que dichos recursos provenían en realidad de aportes partidarios realizados por empleados públicos.

Según establece la normativa vigente, ese tipo de fondos no podían ser transferidos legalmente a una persona natural; no obstante, el dinero habría sido desviado y utilizado por el procesado para cubrir fines de carácter personal.

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