Con 59 votos, los diputados avalaron reformas a la Ley de Protección Civil para ampliar la Comisión Nacional; por otra parte, extendieron por cinco años más el marco que beneficia a familias estafadas por PROCADES
Con 59 votos, los diputados avalaron reformas a la Ley de Protección Civil para ampliar la Comisión Nacional; por otra parte, extendieron por cinco años más el marco que beneficia a familias estafadas por PROCADES

Con la reforma al inciso 2 del artículo 8 de la Ley de Protección Civil —normativa vigente desde 2005—, los diputados de la Asamblea Legislativa avalaron la incorporación formal de nueve carteras de Estado y representantes del sector privado al ente rector de la prevención de riesgos.
Hasta la fecha, la Comisión Nacional estaba integrada de forma limitada únicamente por el ministro de Gobernación (quien la preside) y el director general de Protección Civil. Con el cambio aprobado, se suman de manera directa los titulares o representantes de:
Ministerios: Relaciones Exteriores, Vivienda, Salud, Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Obras Públicas y Transporte, Defensa Nacional, y Educación, Ciencia y Tecnología.
Seguridad: La Policía Nacional Civil (PNC).
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Sector Privado: Dos representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), seleccionados por el presidente de la República a partir de dos ternas propuestas por la gremial.
Sociedad Civil: Tres asociaciones o fundaciones vinculadas a la prevención y mitigación de desastres, representantes de las zonas occidental, central y oriental del país.
Según los parlamentarios, el objetivo de la reforma es articular de forma permanente la respuesta estatal e interinstitucional frente a emergencias y desastres naturales en todo el territorio.
En la misma sesión, el pleno aprobó con 59 votos prorrogar hasta el 12 de octubre de 2031 la Ley Especial para la legalización de inmuebles adjudicados al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) en el proceso judicial contra la Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES).
El conflicto se remonta a 1998, cuando PROCADES recibió fondos públicos para un programa de créditos colectivos. Tras caer en impago, sus propiedades fueron embargadas y adjudicadas a FONAVIPO; sin embargo, la asociación ya había vendido los lotes a 245 familias sin entregarles sus títulos de propiedad.
En octubre de 2021, el Órgano Legislativo aprobó un régimen especial que vence este 11 de octubre para transferir mediante donación los terrenos a los compradores. A la fecha, 149 familias ya cuentan con sus escrituras debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad del Centro Nacional de Registros (CNR).
La prórroga de cinco años permitirá que las 96 familias restantes concluyan el trámite de desembargo y titulación de sus viviendas.
San Salvador: Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo e Ilopango.
La Libertad: San Pablo Tacachico y San Juan Opico.
La Paz: El Rosario y Cuyultitán.
San Vicente: Tecoluca.
Usulután: Usulután (cabecera) y Puerto El Triunfo.
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