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Exoneran de impuestos $1.3 millones destinados a extrabajadores de maquila

El beneficio fiscal evitará retenciones del Impuesto sobre la Renta y de la Ley de Agentes Extranjeros, asegurando que los desempleados por el cierre de la textilera reciban el apoyo íntegro

LM- Plenaria- Asamblea Legislativa 16-7-2026
San Salvador 16 de Julio de 2026 Plenaria en la Asamblea Legislativa donde se desarrollaron varios temas de país. Foto EDH/ Lissette Monterrosa

En respuesta a la difícil situación económica que afrontan cientos de familias tras el cese repentino de operaciones de la firma textil Impression Apparel Group en el país, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó una exoneración de impuestos al dinero destinado para ellos.

Con el respaldo de 60 votos, una disposición especial fue aprobada para exonerar de todo tipo de impuestos un desembolso de $1.3 millones destinado a mitigar el impacto social de los despidos.

Los fondos en cuestión no provienen del erario público, sino que son fruto de un extenso proceso de mediación e intermediación internacional impulsado por el Consorcio de los Derechos del Trabajador.

Esta entidad gestionó el capital de auxilio directamente con marcas e inversionistas internacionales que mantenían vínculos comerciales con la maquila, en un esfuerzo por resarcir de manera parcial las afectaciones laborales provocadas por la clausura de la planta de producción.

Gracias al decreto aprobado por el primer órgano del Estado, la suma recaudada quedará completamente exenta de la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR), así como del gravamen del 30 % estipulado en la Ley de Agentes Extranjeros para transferencias financieras procedentes del exterior.

La medida garantiza que la asignación económica llegue de forma íntegra a los bolsillos de cada uno de los 600 extrabajadores registrados en el censo de afectados, sin ningún tipo de descuento fiscal.

El marco legal aprobado establece una vigencia de doce meses para este régimen de excepción tributaria.

Durante este periodo, la exención no solo cubrirá la bolsa inicial de $1.3 millones, sino que mantendrá la puerta abierta para que cualquier aporte adicional de capital —proveniente de cooperantes, empresas o fundaciones privadas— destinado al mismo grupo de operarios goce de los mismos incentivos fiscales.

La ejecución y fiscalización del dinero recaerá en la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), entidad encargada de la recepción, custodia y reparto equitativo de los cheques entre los beneficiarios.

Para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos, la ley exige a ORMUSA rendir un informe detallado ante la Asamblea Legislativa al término de la entrega, el cual deberá contar con el aval, firma y sello de un auditor externo independiente.

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