El grupo parlamentario de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentó este miércoles una iniciativa de ley con la que buscaba triplicar el monto asignado al bono agrícola, pasándolo de los $75 actuales a $200 anuales por cada pequeño productor a partir del ejercicio fiscal 2027.

Sin embargo, la propuesta no encontró eco en el Pleno legislativo y obtuvo únicamente tres votos a favor durante la sesión plenaria.

La pieza de correspondencia, ingresada a la Asamblea Legislativa al mediodía, planteaba crear la “Ley para el incremento del bono agrícola a doscientos dólares por agricultor beneficiario”, orientada a respaldar la economía rural frente a los altos costos de los insumos y la inflación que impacta la canasta básica.

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«Los agricultores lo que necesitan son los recursos para cultivar»: Francisco Lira

Durante la discusión en el Salón Azul, el diputado de ARENA, Francisco Lira, defendió la pieza y arremetió contra la falta de apoyo legislativo para fortalecer directamente las finanzas de las familias del campo.

«La propuesta es incrementar el bono agrícola de $75 a $200, que es lo que el productor está esperando en estos momentos, no que vengamos a llenarnos la boca a decir que todo está caro; si estamos en el momento de discutir una normativa, pues esta es la que creo y se va a definir en la Comisión de Hacienda, con el ministro, con el de Agricultura, y todos los que tengan que ver con este tema»— Francisco Lira, diputado de ARENA.

Lira remarcó que los incentivos que actualmente se brindan no satisfacen las demandas reales del sector productivo.

«Los agricultores lo que necesitan son los recursos para cultivar la tierra, no que le vengan a vender semillas, fertilizantes; eso no lo quieren los productores, lo que necesitan es el dinero. Vamos a ver de qué lado está este Congreso», cuestionó el legislador tras argumentar la iniciativa.

Control en la entrega y despolitización del programa

El articulado del proyecto presentado estipulaba que la ayuda debía priorizar a pequeños productores y agricultores de subsistencia, entregándose a través de mecanismos trazables —como tarjetas electrónicas— para que los agricultores compraran libremente sus insumos.

Asimismo, establecía candados para evitar el uso patrimonial del beneficio: la iniciativa prohibía expresamente conditioning la entrega a cambio de afiliación política o apoyo electoral, además de vetar cobros, descuentos o la venta obligatoria de paquetes cerrados de productos.

A pesar de que el proyecto proponía al pleno de la Asamblea someter el plan a un análisis técnico y financiero coordinado entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda para incluirlo en el Presupuesto General del Estado 2027, la medida no sumó el respaldo de las mayorías parlamentarias en el pleno.

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