La información sobre la cantidad de abogados asignados a la Unidad de la Defensa Pública Penal de la Procuraduría General de la República (PGR) aún continúa en reserva.
Así fue confirmado a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la institución, luego de consultar la estadística sobre los profesionales asignados para la defensa en procesos penales.
En concreto, la solicitud era referente a la cantidad de defensores asignados a la Unidad de Defensa Pública Penal de la PGR con los que ha contado la institución entre el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025.
Además, se pidió que la información fuera desglosada por cantidad de defensores asignados a cada Procuraduría Auxiliar Departamental (PAD).
Según los datos presentados por la institución, durante 2022 la PGR contó con un total de 247 defensores públicos distribuidos en las 16 sedes a nivel nacional.
La Procuraduría Auxiliar que contó con más abogados para este año fue la de San Salvador, con 70 defensores; seguida de la sede de San Miguel, con 24; y en tercer lugar se ubicó la oficina de La Libertad, con 22.
Mientras que para el 2023 la cantidad de abogados públicos bajó a 244 y en primer lugar siempre se ubicó la sede de San Salvador con 67 abogados; mientras que las de San Miguel y La Libertad contaron con 21 profesionales cada una.
Sin embargo, fue a partir de octubre de 2024 que la PGR dejó de publicar información referente a los abogados públicos que posee la institución.
Al menos hasta septiembre de este año, la institución contaba con 236 defensores públicos, la mayoría siempre asignados a la PAD de San Salvador con 64 abogados.
“Respecto a los datos de octubre a diciembre de 2024 y del año 2025, se hace del conocimiento que por el momento no es posible proporcionar los datos requeridos, en virtud de que la información se encuentra clasificada como reservada, de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y por resolución suscrita por el Procurador General de la República”, fue la explicación brindada desde la Unidad de Acceso de la PGR.
Según el Portal de Transparencia de la PGR, durante 2025 el procurador general, René Escobar, aprobó dos reservas. Una de estas, fue precisamente la documentación relativa a contratos en la institución.
En esta, reservaron documentación sobre una reestructuración institucional de la institución durante 2024-2026 en la que incluyeron “estrategias, planes, lineamientos, directrices, acciones, resoluciones, acuerdos, actos, contratos, convenios, entre otros», describen en el documento.
La institución fundamentó la reserva en los artículos 2, letra “e”; 19 “e” y “g” y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
La segunda reserva aprobada el año pasado tiene que ver con la información vinculada a los viajes realizados por “el procurador General de la República, la procuradora Adjunta y toda persona servidora pública delegada por el titular de la Procuraduría General de la República”.
Según el abogado y defensor de derechos humanos, Henri Fino, no se observa una justificación legal a la reserva de información sobre la cantidad de abogados.
“No le veo ningún fundamento que se reserve el número de defensores, no estamos individualizando, sino que es un número 500, 300, 400, que no pone en riesgo ni a la institución ni al funcionario”, sostuvo.
