El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención contra un hondureño acusado de estafa, amenazas y captación ilegal de fondos del público mediante un esquema de supuestas inversiones en activos digitales
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención contra un hondureño acusado de estafa, amenazas y captación ilegal de fondos del público mediante un esquema de supuestas inversiones en activos digitales

El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó este martes instrucción formal con detención provisional para el ciudadano hondureño D.E.G.C., de 50 años, acusado de estafa, amenazas y captación ilegal de fondos del público mediante un esquema de supuestas inversiones en activos digitales.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado habría operado junto con V.L.A.R., de 26 años, utilizando una sociedad denominada Trade Corporation Capital S.A. de C.V., con la que ofrecían inversiones en monedas digitales a través de redes sociales.
Según la investigación fiscal, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 una víctima fue convencida de invertir $976,920.02 bajo la promesa de obtener altas ganancias mediante activos digitales.
Sin embargo, cuando solicitó la devolución del capital y los supuestos rendimientos, los procesados se habrían negado a realizar el pago e incluso comenzaron a amenazarla de muerte, según consta en el expediente judicial.
La Fiscalía sostiene que, de forma preliminar, el perjuicio patrimonial atribuible al delito de estafa asciende a $350,000, mientras que la responsabilidad civil por los delitos de captación ilegal de fondos del público y amenazas aún deberá establecerse durante el proceso.
El requerimiento fiscal señala que los imputados no contaban con autorización de las entidades regulatorias para operar como proveedores de servicios de activos digitales, pese a ofrecer inversiones y captar recursos del público.
Las autoridades consideran que la empresa utilizada para atraer inversionistas funcionaba como una sociedad fachada para dar apariencia de legalidad a las operaciones.
Durante la audiencia inicial, el juez concluyó que existen indicios suficientes sobre la posible participación de D.E.G.C. en los delitos atribuidos y determinó que existe riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación.
Por ello, resolvió enviar el caso a la etapa de instrucción y mantener al imputado en detención provisional mientras continúan las investigaciones.
En cuanto a la segunda procesada, V.L.A.R., el juzgado informó que su situación jurídica aún está pendiente de resolverse debido a que figura como ausente dentro del proceso.
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