Gobierno de El Salvador eleva a $20 partidas autenticadas que en las alcaldías costaban $5
Golpe al bolsillo: El RNPN informó que certificar partidas para el extranjero sube a $20 en El Salvador tras reforma. Vea los nuevos requisitos y sedes
Las partidas autenticadas serán emitidas en 8 Dui Centros de El Salvador, informó el RNPN. Foto EDH/Referencia
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) asumió de manera exclusiva la emisión de partidas autenticadas para trámites en el exterior, desde El Salvador, fijando una nueva tarifa de $20 por documento. Este incremento centraliza un servicio que, hasta hace unas semanas, era gestionado por las municipalidades del país con un costo significativamente menor, cobrando aranceles que oscilaban únicamente entre los 3 y 5 dólares según la localidad.
El fuerte ajuste económico impacta directamente a los ciudadanos que requieren certificar sus documentos para que tengan validez legal en el extranjero.
Bajo este nuevo esquema unificado, las alcaldías han quedado inhabilitadas para percibir dichos ingresos y tramitar estos documentos especiales, los cuales ahora corren bajo la jurisdicción arancelaria y tecnológica del gobierno central.
Personas consultadas en el occidente del país han resentido el incremento en la emisión del documento; pero también porque el pago únicamente se puede realizar a través de tarjetas de débito y crédito.
Una fuente municipal del país también lamentó el cobro fijado señalando que es “un cobro súper excesivo”.
A raíz de las dudas generadas entre la población, el RNPN difundió detalles específicos sobre el alcance, los costos, los requisitos y los puntos de atención autorizados para este trámite.
Detalles del trámite: Tipos de partida, requisitos y costos
De acuerdo con la información oficial compartida por la institución, la autenticación consiste en una certificación que valida que la firma que aparece en una partida pertenece al funcionario competente.
Este paso es estrictamente necesario cuando el documento se va a utilizar en el extranjero y debe ser posteriormente apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
¿Para qué partidas aplica?: El RNPN aclaró que la autenticación para uso internacional se realiza exclusivamente para tres tipos de documentos del estado familiar: partidas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción.
Requisitos: El ciudadano únicamente debe cumplir con presentar la partida previamente emitida por la alcaldía correspondiente o por el propio RNPN.
Costo: El precio oficializado es de $20.00 por cada autenticación, dejando atrás las tasas municipales previas de $3 a $5.
¿Dónde obtenerla? Puntos de atención autorizados
Para descentralizar la atención a nivel nacional y evitar que todos los usuarios se trasladen a la capital, el RNPN habilitó múltiples sedes físicas. En la información compartida por la institución se detalla la ubicación de 8 Dui Centros; es decir que el trámite no se puede realizar en todas sus oficinas.
Estos son los sitios habilitados:
Oficina Central del RNPN.
DUI Centros autorizados en los siguientes municipios y cabeceras departamentales:
Santa Ana
Ahuachapán
Sonsonate
San Vicente
Zacatecoluca
San Miguel
Usulután
San Francisco Gotera
¿Las alcaldías ya no entregarán partidas? 🤔 Conoce qué cambió y cuándo necesitas una partida autenticada para utilizarla en el extranjero. pic.twitter.com/PL0Nkpae4X
Notificación y cese de servicios en municipios de El Salvador
Ante la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones, diversas municipalidades —incluyendo gobiernos locales de La Libertad Sur, Ahuachapán Sur y San Salvador Centro— realizaron campañas de divulgación previas para advertir a la población.
A través de canales institucionales, confirmaron que a partir del 25 de junio de 2026 cesaron por completo la emisión de partidas autenticadas para uso extranjero.
Las oficinas distritales de las alcaldías aclararon a los usuarios: las municipalidades sí siguen entregando las partidas normales de su localidad.
Las certificaciones estándar continúan emitiéndose con total normalidad para trámites de uso nacional, manteniendo sus costos habituales y su plena validez legal dentro del territorio de El Salvador.
Varias alcaldías de El Salvador iniciaron una campaña para informar a la población que ya no están facultadas para emitir partidas autenticadas. Foto EDH/Cortesía
El sustento legal de la centralización en El Salvador
El marco normativo que respalda la exclusividad del trámite y el establecimiento de las nuevas directrices económicas se basa en la Ley del Registro del Estado Familiar, aprobada mediante el Decreto Legislativo N.° 82 por la Asamblea Legislativa.
La normativa tiene como fin unificar, homologar y tecnificar la administración del estado familiar en una plataforma informática única.
Los artículos clave que dan base a este cambio competencial detallan:
Competencia Exclusiva de Firma: El artículo 3, literal g, define la Auténtica como la certificación de la validez de la firma y cargo del funcionario que emitió una partida, delegando esta facultad de forma exclusiva en el registrador nacional de las personas naturales.
Atribuciones del Registro Central: El artículo 7, en sus literales j y k, ratifica la potestad del RNPN para autenticar firmas de documentos a nivel nacional y para expedir certificaciones destinadas al extranjero.
Uso Obligatorio de Plataforma: El artículo 6 subraya que todas las municipalidades están obligadas a utilizar el Sistema de Registro del Estado Familiar administrado centralmente por el RNPN.
Uso del exterior: El artículo 106 indica que toda certificación de partida que deba surtir efectos en el exterior y que haya sido emitida por los funcionarios adscritos al RNPN o por los registradores del estado familiar, a través del sistema informático administrado por el RNPN, deberá ser autenticada únicamente por el Registrador Nacional de las Personas Naturales.
A pesar de que las autoridades defienden que la medida busca aportar celeridad, modernización y seguridad jurídica internacional a los documentos públicos, el paso de una tasa municipal promedio a una tarifa fija estatal de $20 ha centralizado la atención del debate público en el costo económico directo para el usuario.
