Familias de comunidad Michapa podrían recibir escrituras tras más de 20 años de espera
La Comisión de Infraestructura aprobó una reforma para transferir propiedades a familias asentadas en antiguos derechos de vía en Santa Cruz Michapa; el proceso beneficiaría a 18 familias de escasos recursos
Diputados de la Comisión de Infraestructura votaron a favor de un dictamen en relación a que 18 familias de la comunidad Michapa reciban sus títulos de legalización de terrenos. Foto EDH/Cortesía AL.
La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para iniciar el proceso que permitiría otorgar escrituras a 18 familias de la comunidad Michapa, en Cuscatlán, quienes han esperado por más de 20 años la legalización de sus propiedades.
El dictamen deberá ser aprobado posteriormente por el pleno legislativo para que las familias de los sectores 1 y 2 de la comunidad puedan obtener seguridad jurídica y territorial sobre los inmuebles que habitan.
Con esta medida, la comunidad Michapa se convertiría en la número 16 beneficiada con procesos de legalización impulsados desde la Asamblea Legislativa, según expusieron diputados de Nuevas Ideas durante la comisión.
Los parlamentarios aprobaron por unanimidad un dictamen para reformar la Ley Especial para la Legalización de las Calles, Tramos de Calle, de Carretera, Derechos de Vía y Antiguos Derechos de Vía Declarados en Desuso y Desafectados como Uso Público.
La reforma busca que dichos terrenos puedan ser transferidos en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular, a familias de escasos recursos económicos que durante años han residido en esas zonas.
De acuerdo con lo expuesto en la mesa legislativa, las familias se encuentran asentadas en dos tramos colindantes de la carretera Panamericana.
Uno de los sectores está ubicado en un tramo cercano a San Martín, mientras que el segundo se encuentra en el desvío hacia San Rafael Cedros, en el municipio de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán Sur.
Como parte del proceso de verificación, el 18 de febrero de 2026 personal técnico del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, junto al Ministerio de Vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda Popular y la Dirección de Legalización de la Propiedad realizaron una inspección de campo en la zona.
Tras la evaluación técnica, las instituciones determinaron que el proceso podía continuar debido a que los terrenos ya no cumplen una función de uso público.
El resultado de la inspección fue favorable para proceder con la desafectación de la vía y declararla formalmente en desuso, paso necesario para que posteriormente pueda transferirse a las familias residentes.
Con ello, los habitantes podrían finalmente obtener las escrituras de las propiedades que han ocupado durante más de dos décadas, accediendo así a certeza jurídica sobre sus viviendas, media vez se apruebe en la próxima sesión plenaria de la Asamblea Legislativa (este miércoles) o en la siguiente.
