Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA muestra un panorama político marcado por opiniones divididas sobre la Asamblea Legislativa, una valoración negativa de las alcaldías y una fuerte inclinación ciudadana hacia la continuidad del partido oficialista en elecciones
El escenario político salvadoreño comienza a perfilarse con miras a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que se renovarán la Asamblea Legislativa, las alcaldías y la Presidencia de la República.
En ese contexto, una reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) ofrece una radiografía del ánimo ciudadano sobre los principales niveles de gobierno.
En el caso de la Asamblea Legislativa, la evaluación se mantiene dividida en su segundo año de gestión. Un 50.4% de la población considera que los diputados trabajan para resolver los grandes problemas del país, mientras que un 45.6% opina lo contrario.
La institución obtiene una nota promedio de 6.34, ligeramente superior al 6.02 registrado en 2025, lo que refleja una mejora marginal en su valoración general.
Sin embargo, la percepción sobre el sentido de las decisiones legislativas muestra matices políticos más marcados.
El 32% de los consultados considera que las votaciones en la Asamblea responden principalmente a los intereses del presidente Nayib Bukele, mientras que un 22.6% cree que reflejan a toda la población y un 20.5% sostiene que los diputados votan en función de intereses propios.
En comparación con el pasado año legislativo, la encuesta registra una disminución en la percepción de que la Asamblea actúa principalmente bajo la influencia del Ejecutivo, aunque aumenta la idea de que los diputados responden a intereses particulares o sectoriales.
En contraste, la evaluación de las alcaldías mantiene niveles de desaprobación más altos. El 68.6% de la población expresa poca o ninguna satisfacción con el trabajo de su gobierno local, mientras que la actividad municipal obtiene una nota promedio de 5.10, por debajo del umbral de aprobación.
A nivel territorial, las alcaldías mejor evaluadas son La Libertad Oeste (6.64), Santa Ana Norte (6.43) y San Miguel Centro (5.44). En el extremo contrario figuran San Salvador Sur (3.54), Sonsonate Este (4.25) y Ahuachapán Centro (4.31), según el estudio.
Las principales demandas ciudadanas hacia los gobiernos municipales se concentran en la reparación de calles (38.1%), el acceso a agua potable (14.4%), la recolección de desechos (11.6%) y una mayor cercanía con las comunidades (10%).
El estudio también muestra señales del clima político previo a los comicios de 2027. Un 66% de la población manifiesta interés en las elecciones, mientras que el 65.3% se muestra de acuerdo con el adelanto del proceso presidencial.
En el plano partidario, el partido Nuevas Ideas concentra el 34.2% de las preferencias, seguido por ARENA (1.4%), FMLN (1.3%) y Vamos (0.5%).
No obstante, el 59.7% de la población afirma no tener preferencia partidaria, aunque esta cifra ha disminuido respecto al 2025.
A nivel de percepción general, un 67.3% considera que Nuevas Ideas debería continuar gobernando, mientras que un 22.7% apoya la posibilidad de un nuevo partido político y un 4% se inclina por partidos de oposición existentes.
En cuanto a las expectativas ciudadanas, la mayoría señala que un eventual nuevo partido debería enfocarse en el bienestar de la población, la cercanía con la gente, la atención a los sectores más vulnerables y la solución de problemas económicos.
Los resultados configuran un escenario político de continuidad con matices de insatisfacción en los niveles local y legislativo.
Mientras la Asamblea muestra una aprobación apenas suficiente, las alcaldías enfrentan una evaluación negativa más consistente, en contraste con una mayor inclinación ciudadana hacia la continuidad del actual esquema de gobierno.
Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el estudio sugiere que la competencia electoral se desarrollará en un contexto de alta atención ciudadana, pero también con demandas acumuladas en servicios públicos y gestión local.
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