La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, por unanimidad, un dictamen favorable a la iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, para prorrogar por un período de cinco años la «Ley especial para la legalización de inmuebles adjudicados vía judicial al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) en el juicio ejecutivo mercantil promovido contra la Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (Procades)».
La medida busca extender la vigencia del Decreto Legislativo n.º 169 (aprobado en octubre de 2021) hasta el 12 de octubre de 2031.
Con ello se pretende otorgar seguridad jurídica y transferir en donación las propiedades a las familias que pagaron parcial o totalmente sus inmuebles a dicha asociación, así como solicitar al juez correspondiente el levantamiento del embargo de los lotes no adjudicados.
Durante la sesión de la comisión, representantes de Fonavipo acudieron para exponer los antecedentes y el avance del proceso administrativo y legal.
Según explicaron los delegados de la institución, el caso se remonta a 1998, cuando Fonavipo otorgó financiamiento a la empresa Procades para la adquisición de inmuebles o créditos a usuarios finales.
Ante el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de Procades, Fonavipo inició un juicio ejecutivo mercantil en el que se embargaron y adjudicaron judicialmente los terrenos.
Sin embargo, se identificó que la empresa ya había vendido dichos inmuebles a particulares sin otorgarles las escrituras correspondientes.
Carlos Daniel Ayala, encargado de la unidad jurídica de Fonavipo, detalló ante los parlamentarios la magnitud del problema patrimonial:
«Se detectó que habían 245 inmuebles repartidos en 12 comunidades a lo largo del país… Esta solicitud de prórroga se hace en razón de que tenemos una ley previa… decretada el 5 de octubre de 2021 con una vigencia de 5 años que vence el 11 de octubre de 2026. Los procedimientos administrativos para poder dar en donación representan complejidades y todavía faltan 96 inmuebles para ser entregados».
Por su parte, la jefa de la unidad de contribuciones y gestión social de Fonavipo, Carla Urrutia, presentó el balance de los casos atendidos a la fecha:
«Son 245 lotes los que están en proceso, de los cuales 149 ya han sido resueltos favorablemente para la familia, ya cada una de ellas cuenta con su instrumento legal, su escritura a nombre de ellos. Tenemos por el momento 61 expedientes entregados a cada una de las familias para que busquen un abogado y puedan hacer la escritura, cuatro lotes con problemas legales por fallecimiento de adjudicatarios y 61 familias más en el proceso final de escrituración».
Posición de los parlamentarios
Integrantes de la mesa legislativa manifestaron su apoyo a la prórroga, argumentando la necesidad de dar continuidad a los trámites en beneficio de la población afectada.
El diputado Frank Menjíbar señaló:
«En hora buena para toda esta familia que se van a ver beneficiadas con esta prórroga de esta ley. Estoy seguro de que va a contar con el apoyo de esta comisión y el día de la plenaria también durante el pleno para que se pueda aprobar».
Asimismo, la diputada Elisa Rosales destacó el seguimiento de los casos individuales:
«Han sido 5 años en los que se han hecho estas diligencias judiciales y administrativas para asegurar esto a las familias. Por supuesto que en estos casos cada caso se tiene que individualizar y lleva su tiempo administrativo en el que se tiene que desarrollar».
El dictamen aprobado establece extender hasta el 12 de octubre de 2031 los efectos del Decreto Legislativo n.º 169.
La prórroga permitirá a Fonavipo y a las familias pendientes completar las gestiones notariales, registrales y de desmembramiento judicial sin que venza el marco legal habilitante.
Tras la firma del dictamen favorable en la comisión, el proyecto de decreto pasará al pleno de la Asamblea Legislativa para su discusión y votación final.
