Las modificaciones a las disposiciones permitirían que el CENTA pueda actuar ante situaciones de desabastecimiento, emergencias, afectaciones a la producción o cambios extraordinarios en los precios de los mercados. Foto EL DIARIO DE HOY/ Jessica Orellana
La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de reformar las Disposiciones Especiales y Transitorias para Combatir la Inflación en los Precios de los Insumos Agropecuarios, un conjunto de medidas vigentes desde junio de 2022 que faculta al Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) a adquirir insumos mediante compra directa para abaratar costos al productor.
Las enmiendas presentadas buscan ampliar significativamente el espectro de actuación de la entidad para adquirir, importar, producir, multiplicar, almacenar, comercializar y hasta exportar no solo fertilizantes, sino también semillas certificadas, granos básicos, bioinsumos, maquinaria ligera y equipos de trabajo, además de constituir reservas estratégicas para responder ante eventuales emergencias o desabastecimientos en el mercado.
Durante el análisis del expediente impulsado por el Órgano Ejecutivo, los diputados recibieron la exposición de la directora ejecutiva del CENTA, Odette Varela, quien detalló que la institución ha pasado de cuatro a diez salas de venta a escala nacional y que la reforma busca atender de forma integral la carencia de insumos y la falta de mano de obra en el campo.
“Si a un agricultor le toca ir con un chuzo a sembrar maíz, ¿por qué no darle una opción de usar algo siempre manual, pero que sea mucho más eficiente?”, planteó la funcionaria para ilustrar la inclusión de pequeña maquinaria a precios accesibles.
El dictamen favorable deberá ser discutido y aprobado en el pleno legislativo. Foto EDH/Cortesía
La propuesta técnica también habilita al CENTA a constituir un fondo revolvente, suscribir préstamos con la banca nacional o internacional y contratar servicios o infraestructura de forma expedita.
Con este fin, el decreto establece que las contrataciones de emergencia vinculadas a este programa continuarán exentas de los procedimientos ordinarios de la Ley de Compras Públicas.
Durante el debate parlamentario surgieron posturas encontradas sobre la fiscalización de los fondos y el impacto real en la soberanía alimentaria.
El diputado Francisco Lira cuestionó la efectividad acumulada de las disposiciones y advirtió sobre vacíos en la redacción de la norma:
“Creo que no tenemos la claridad de lo que dice la Ley, me preocupa que en el documento, en ninguna parte aparece textualmente que se va a promover la producción nacional”, señaló el legislador, subrayando la necesidad de dar garantías jurídicas y apoyo directo al agricultor local frente al incremento paulatino de las importaciones.
Desde la bancada oficialista se defendió el alcance social de la iniciativa e insistieron en que el programa ha aliviado el bolsillo de pequeños y medianos productores ante las variaciones internacionales de precios.
"La producción agrícola nacional sigue bajando y las importaciones siguen subiendo, los agricultores piden políticas públicas que les ayuden a solventar la necesidad. ¿En qué ha ayudado la reforma a la Ley para combatir la inflación en los precios de los insumos agropecuarios?". Diputado @franciscolirasv
— Grupo Parlamentario ARENA (@ARENAfraccion) October 5, 2026
Al respecto, la diputada Norma Lobo manifestó que «no es lo mismo que el equipo agropecuario se compre en un agroservicio que ya se compren en entidades de gobierno y que se les dé un precio más justo», argumentando que la alta demanda en las salas de venta valida la continuidad y ampliación de estas medidas.
Tras incorporar una modificación al primer artículo a solicitud de las autoridades del CENTA para especificar la modalidad de «compra directa» a proveedores locales y extranjeros, la comisión votó favorablemente el dictamen con 13 votos, remitiendo el proyecto de decreto al pleno legislativo para su ratificación final.
