Por al menos 14 delitos, un grupo de 32 pandilleros del Barrio 18 ala Revolucionarios fueron condenados a penas que van desde los cinco hasta los 597 años de prisión, resolvió el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres.

Entre los procesados había tres cabecillas que recibieron las condenas más altas: Mario Josué Anzora Ramírez, 597 años de cárcel; Denis Raúl Martínez Arias, 415 años; y Mauricio Alexander Leiva, 383 años, detalló la Fiscalía.

Homicidio agravado, extorsión agravada, falsedad ideológica y material, tráfico ilícito y proposición, conspiración y asociaciones delictivas en delitos relacionados con drogas; y agrupaciones ilícitas, fueron parte de los delitos por los que los tres jefes pandilleros acumularon tales penas.

Según el informe judicial referente al fallo condenatorio, otros 29 integrantes de la misma pandilla recibieron penas que van desde los cinco años de prisión por agrupaciones ilícitas hasta más de cien años por varios delitos.

Los crímenes y las capturas

La captura de los tres cabecillas fue reportada por la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2021 luego de una serie de allanamientos en el barrio San Miguelito, colonia Guatemala, Comunidad Tutunichapa 4 y Ciudad Delgado.

En aquel entonces, un abogado y comisionado de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron detenidos por supuestamente colaborar con la pandilla. “El jefe policial sustraía información de las bases policiales para dárselas a la pandilla”, expuso la FGR en el informe del operativo de captura. Días después ambos fueron beneficiados con medidas alternas a la detención.

Vehículos, drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y libretas en las que se llevaba un control sobre el cobro de extorsiones fueron incautados por las autoridades.

La Fiscalía ha informado al finalizar el proceso que dentro de los casos resueltos están los asesinatos de dos mujeres ocurridos en 2018 y 2019 y que la estructura exigió a empleados de empresas envasadoras de bebidas, comerciantes, dueños de tiendas y pequeños negocios y empresarios del transporte colectivo pagos periódicos a cambio de dejarlos trabajar.

Además, ha relacionado a esta estructura con otra de traficantes de personas que ofrecía sacar del país a personas de forma irregular a cambio de sumas de entre diez mil y trece mil dólares.