Con 57 votos a favor y 3 en contra, los diputados modificaron la normativa que regula la producción y comercialización de lácteos y derivados. Mientras el oficialismo sostiene que la medida moderniza el sector y protege al consumidor, la oposición advierte posibles afectaciones para pequeños productores nacionales
La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma a la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos y de Regulación de su Expendio, una modificación que ha generado posiciones encontradas entre el Gobierno, productores y partidos de oposición.
La iniciativa, respaldada con 57 votos y rechazada por tres diputados, modifica el artículo 21 de la normativa vigente y busca adecuar la legislación salvadoreña a los reglamentos técnicos centroamericanos, eliminando restricciones relacionadas con la elaboración y comercialización de productos lácteos.
Previo a la votación, la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente emitió un dictamen favorable tras escuchar la opinión técnica del viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, quien defendió la reforma argumentando que permitirá fortalecer la seguridad alimentaria, mejorar la competencia en el mercado y garantizar el abastecimiento de productos lácteos.
Según lo expuesto por el Ministerio de Agricultura, la modificación busca armonizar la legislación nacional con el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) y mantener los estándares de calidad e inocuidad para los consumidores.
La reforma establece la prohibición de comercializar leche, crema y quesos elaborados con adulterantes y, de acuerdo con el Gobierno, permitirá ofrecer productos elaborados realmente con leche.
Durante su intervención ante la comisión legislativa, Domínguez aseguró que el objetivo es evitar prácticas que afectan la calidad de los alimentos.
“Estamos eliminando los adulterantes en la fabricación o procesamiento de lácteos y esto viene a la par de buscar la seguridad alimentaria con mucha inocuidad para los salvadoreños”, sostuvo el funcionario.
Incluso ejemplificó que la medida pretende garantizar que los consumidores adquieran “crema de verdad y no grasa disfrazada de crema”.
El Ejecutivo también argumenta que la reforma favorecerá una mayor competencia, mejores precios para los consumidores y un abastecimiento más estable de productos lácteos.
Sin embargo, durante la discusión en el pleno surgieron fuertes cuestionamientos por parte de diputados de oposición, quienes consideran que la medida podría afectar a miles de pequeños ganaderos y productores artesanales.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, recordó que desde el año 2000 la legislación salvadoreña había prohibido la comercialización de leche reconstituida a partir de leche en polvo y advirtió que permitir ahora este tipo de procesos podría generar una competencia desigual para los pequeños productores nacionales.
Según Ortiz, mientras existe un reducido grupo de empresas altamente tecnificadas, la mayoría del sector está conformada por pequeños productores rurales que dependen de la venta diaria de leche para subsistir.
La legisladora afirmó que la medida podría incentivar la importación de leche en polvo en detrimento de la producción local.
“Vamos a crear un incentivo en el mercado en el que va a ser más atractivo y más rentable comprar leche en polvo importada de otros países”, señaló durante el debate.
Ortiz también criticó que, a su juicio, no se realizó una consulta suficientemente amplia pues no se contó con representantes de pequeños productores antes de emitir el dictamen favorable.
Como alternativa, propuso incorporar un mecanismo que obligara a identificar de forma clara en el etiquetado aquellos productos elaborados total o parcialmente mediante reconstitución de leche en polvo, además de establecer programas de apoyo y evaluaciones periódicas sobre el impacto de la reforma.
No obstante, sus propuestas no prosperaron. Una solicitud para devolver el dictamen a comisión fue sometida a votación y no obtuvo tampoco los respaldos necesarios.
Las críticas también fueron respaldadas por la diputada Marcela Villatoro, de Arena, quien aseguró haberse reunido con productores lecheros preocupados por los efectos de la reforma.
Villatoro sostuvo que el problema del sector no está relacionado con falta de producción nacional, sino con dificultades de mercado.
Además, expresó preocupación porque los consumidores no tendrían suficiente información para distinguir el origen de los productos que adquieren.
La diputada también alertó sobre posibles repercusiones en toda la cadena productiva, incluyendo empleos rurales, proveedores de insumos agrícolas y pequeñas empresas vinculadas al sector ganadero.
“Estamos terminando de acabar lo poco que queda de producción en este país”, afirmó durante su intervención.
Desde los partidos aliados al Gobierno, la reforma fue defendida como una medida necesaria para modernizar el sector.
El diputado del PCN, Serafín Orantes, rechazó que los pequeños productores vayan a verse perjudicados y aseguró que actualmente la producción nacional es insuficiente para abastecer toda la demanda de lácteos existente en el país.
Como ejemplo, mencionó el trabajo de cooperativas que recogen leche tanto de grandes como de pequeños productores en la zona occidental.
Orantes sostuvo que las afirmaciones sobre un eventual colapso del sector ganadero carecen de fundamento y acusó a algunos sectores políticos de intentar generar confusión alrededor de la reforma y de hasta hacer campaña política (en referencia a las futuras elecciones).
Con la aprobación legislativa, la reforma queda a la espera de completar el proceso correspondiente para entrar en vigencia.
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