Cuando Venezuela, ya profundamente marcada por años de crisis socioeconómica y política, fue sacudida por dos potentes terremotos (de magnitudes 7,2 y 7,5) el 24 de junio de 2026, surgió una ola mundial de solidaridad con una intensidad extraordinaria.

Estos sismos, entre los más violentos registrados en el país en más de un siglo, sacudieron la región capital, provocando el derrumbe de edificios en Caracas y en los estados vecinos, graves alteraciones en las redes eléctricas y hospitalarias, ya de por sí frágiles, y la declaración del estado de emergencia nacional. Cientos de personas han perdido la vida, miles han resultado heridas y decenas de miles se han quedado sin hogar o permanecen atrapadas bajo los escombros, según cifras preliminares que cambian rápidamente a medida que avanzan las operaciones de rescate.

Este desastre natural agrava una crisis humanitaria preexistente que afecta a 7,9 millones de personas, más de una cuarta parte de la población total, estimada en unos 28,5 millones de habitantes, que enfrentan pobreza extrema, inseguridad alimentaria aguda, el colapso de los servicios públicos y necesidades urgentes en materia de salud, agua, educación y protección.

Ante este sufrimiento colectivo, sin precedentes en la historia reciente de América Latina, la comunidad internacional, las organizaciones humanitarias, los Estados y los ciudadanos de a pie están demostrando un espíritu de solidaridad que trasciende las divisiones políticas y geográficas, ofreciendo un rayo de esperanza en una situación por lo demás desesperada.

El país, que llegó a ser una de las naciones más prósperas de América Latina gracias a sus vastas reservas de petróleo, vio cómo su economía se transformó en una dependencia casi exclusiva del crudo. Bajo la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013), la Revolución Bolivariana prometió e implementó ambiciosos programas sociales, financiados por los abundantes ingresos petroleros generados durante años de precios elevados. Estas iniciativas condujeron a una reducción temporal de la pobreza y fomentaron la inclusión social de millones de ciudadanos marginados. Sin embargo, la concentración de poder, las masivas nacionalizaciones en el sector petrolero y otras industrias, los estrictos controles de precios y divisas, así como un estilo de gestión, a menudo centralizado y opaco, cuando no marcado por el clientelismo político, socavaron gradualmente los cimientos económicos del país.

Cuando los precios mundiales del petróleo se desplomaron en 2014, la estructura se resquebrajó drásticamente. La hiperinflación se disparó a niveles récord, superando el millón por ciento en su punto máximo hacia 2018, lo que dejó a la moneda nacional prácticamente sin valor y provocó una escasez generalizada de productos de primera necesidad, medicamentos y repuestos para la infraestructura.

Bajo el mandato de Nicolás Maduro, quien sucedió a Chávez en 2013, la situación se deterioró aún más. Se mantuvieron e intensificaron las políticas económicas en medio de crecientes sanciones internacionales —particularmente por parte de Estados Unidos—, las cuales el Gobierno calificó de «guerra económica». Los críticos señalan la corrupción endémica, la represión política, la expropiación de empresas privadas, la fuga de cerebros y de capitales, así como la falta de diversificación económica, como los principales factores del colapso.

El país se vio sacudido por protestas masivas en 2014, 2017 y 2019. Estas, que a menudo fueron reprimidas violentamente, dejaron un saldo de cientos de muertos y miles de detenidos. El sistema de salud pública, que alguna vez fue un modelo regional, colapsó: los hospitales quedaron sin electricidad ni equipos, hubo una escasez crónica de medicamentos esenciales y resurgieron enfermedades infecciosas que previamente habían sido controladas, como la malaria, la difteria y el sarampión.

El sector educativo ha seguido una trayectoria similar: cientos de miles de docentes han emigrado, dejando a millones de niños sin acceso regular a la educación. El acceso al agua potable y al saneamiento se ha vuelto precario para millones de personas, lo que ha propiciado brotes de enfermedades y un deterioro general de la salud pública. Según diversas estimaciones, la pobreza extrema afecta a más de la mitad de la población, obligando a las familias a reducir drásticamente su alimentación, buscar comida en la basura o recurrir a estrategias de supervivencia extremas.

Paralelamente a la crisis interna, Venezuela ha vivido uno de los mayores éxodos de su historia y uno de los más importantes de la historia reciente de América Latina. Entre 7,7 y 7,9 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015, huyendo del hambre, la falta de atención médica, la inseguridad y la ausencia de perspectivas. Esta diáspora masiva se ha dirigido principalmente a países vecinos: Colombia acoge a varios millones, seguida por Perú, Ecuador, Chile, Brasil y otras naciones de la región.

Los terremotos del 24 de junio de 2026 agravaron estas vulnerabilidades estructurales: infraestructuras ya deterioradas sufrieron daños adicionales; los hospitales se vieron desbordados; las redes eléctricas quedaron interrumpidas, y una población agotada por años de privaciones tuvo que enfrentarse al trauma de un gran desastre natural. Las operaciones de búsqueda y rescate han continuado durante días en medio de réplicas, con miles de personas posiblemente aún atrapadas, mientras que la necesidad de refugios de emergencia y atención médica se ha disparado.

Ante esta tragedia multifacética, la comunidad internacional respondió con una movilización sin precedentes. La respuesta a los terremotos de junio de 2026 desencadenó una enorme oleada de solidaridad. Países con perfiles muy diversos se movilizaron de inmediato: Estados Unidos se comprometió a ofrecer una respuesta gubernamental integral que incluía cientos de millones de dólares, equipos logísticos, barcos y helicópteros. El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, fue uno de los primeros en enviar aviones cargados con toneladas de suministros y personal de rescate. India puso en marcha la «Operación Amistad», enviando aeronaves con equipos médicos, hospitales de campaña y equipos especializados. Brasil, México, Colombia, Cuba, Argentina, Chile, España, Japón y otros países desplegaron equipos de búsqueda y rescate, elevando el número total de rescatistas internacionales a más de mil, según algunos informes.

Francia, país vecino a través de las Antillas Francesas y la Guayana Francesa, envió a casi un centenar de rescatistas de la reconocida agencia de Seguridad Civil, especialistas en emergencias que ya habían sido desplegados en Haití, Turquía y diversos países africanos.

La ONU ha activado el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia con una partida inmediata de 15 millones de dólares; UNICEF y el PMA han destinado recursos para la infancia y suministros alimentarios, e iniciativas privadas como Starlink han proporcionado soluciones de comunicación críticas.

Este impulso trasciende las ideologías: gobiernos de izquierda, derecha y centro aúnan esfuerzos para salvar vidas, demostrando que la compasión humana puede prevalecer sobre las divisiones políticas.

A pesar de estos encomiables esfuerzos, persisten desafíos importantes. La crónica falta de financiación de los llamamientos humanitarios limita el alcance de las intervenciones, obligando a tomar decisiones difíciles sobre qué sectores y regiones priorizar.

El acceso sobre el terreno puede verse obstaculizado por el deterioro de la logística, las restricciones de seguridad y, en ocasiones, por consideraciones políticas. En medio de la transición política tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y la presidencia interina de Delcy Rodríguez, la incertidumbre institucional añade un nivel adicional de complejidad. Los informes señalan que continúan las detenciones y los obstáculos para la reconciliación nacional.

La reconstrucción tras el terremoto requerirá no solo fondos de emergencia, sino también una planificación a largo plazo para fortalecer la resiliencia ante desastres en un país propenso a inundaciones, deslizamientos de tierra y otros riesgos.

Asimismo, las causas profundas de la crisis siguen siendo objeto de debate. Si bien la ayuda humanitaria salva vidas hoy, no elimina la necesidad de una reflexión colectiva sobre la gobernanza, la diversificación económica, la lucha contra la corrupción y la creación de instituciones inclusivas que garanticen un futuro estable.

A pesar de las adversidades que enfrenta, el pueblo venezolano demuestra una notable resiliencia. Esta fortaleza interior, sumada a la gran muestra de solidaridad proveniente del extranjero, sienta las bases para la esperanza.

Politólogo francés y especialista en temas internacionales.