La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes una «amenaza» al derecho a la información y la libertad periodística en Costa Rica por el nuevo decreto que declara como «secreto de Estado» información de organismos de inteligencia y seguridad del Gobierno.

La organización alertó en un comunicado de «consecuencias para la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada» por la medida que protege la información de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo de trabajo Fuerza Élite.

La norma, decretada el lunes por la presidenta Laura Fernández, comprende información sobre operaciones policiales y de inteligencia, estructuras de mando, recursos tecnológicos, planes de seguridad, documentos, reuniones, acuerdos y otros archivos de estos tres organismos de seguridad.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, consideró de «especial preocupación que el decreto incluya presupuestos, gastos y la totalidad de los procedimientos de contratación pública, ámbitos que son esenciales para la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos».

«La clasificación de información como secreto de Estado debe ser excepcional, estar claramente delimitada y sujeta a controles independientes, para evitar restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la información pública», declaró el titular de la agrupación de prensa, con sede en Miami.

El decreto impone también «un deber de confidencialidad indefinido a funcionarios, asesores, contratistas y otras personas vinculadas con estos organismos con posibles sanciones por divulgar o compartir información clasificada», advirtió la presidenta de la comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.

El Gobierno de Fernández ha justificado el decreto por el aumento del narcotráfico y la violencia, al argumentar que divulgar estos datos pondría en riesgo operaciones, funcionarios y la cooperación internacional en materia de seguridad, según citó la SIP.

Pero el decreto llega también en medio de una disputa del Gobierno con el Poder Judicial y tras la filtración de un informe que identificó a 122 policías presuntamente vinculados con organizaciones criminales, de acuerdo con informes de medios locales.

La SIP subrayó que las medidas para combatir el crimen organizado y la violencia no deberían debilitar «otros pilares esenciales de una sociedad democrática».