Organizaciones animalistas han cuestionado este viernes la legalidad del sacrificio de más de 10.000 perros callejeros reconocido por la senadora mexicana Mariela Gutiérrez en Tecámac (Estado de México) y han advertido de que ninguna norma permite este tipo de prácticas a esa escala, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que no se violó la ley.

La portavoz de la Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas -que agrupa a más de 170 ONG-, Ethel Herrejón, ha dicho a EFE que ninguna norma puede estar por encima de la Constitución, que reconoce el derecho a un medioambiente sano, sumado a que la Ley Federal de Sanidad Animal restringe el sacrificio a casos específicos, lo que no justificaría la eliminación masiva de animales sanos.

«Ninguna norma está por encima de las leyes(…) están violando la ley federal», ha aseverado.

La polémica se desató después de que el miércoles la legisladora admitiera haber ordenado el sacrificio de 10.000 de perros durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, entre 2019 y 2023, al justificar la medida con la norma legal que regula los métodos de eutanasia animal.

El municipio de Tecámac, de 500.000 habitantes, se ubica a unos 40 kilómetros al norte de Ciudad de México.

Sheinbaum afirmó el jueves que no se violó la ley porque la práctica estaba contemplada en la normativa vigente, aunque consideró necesario revisarla.

No obstante, Herrejón sostiene que la legislación únicamente establece cómo debe realizarse la eutanasia, pero no autoriza ni justifica sacrificios masivos y, en ese sentido, avisa que este tipo de prácticas podrían derivar en responsabilidades penales a nivel estatal.

«Esta persona cometió un delito», apunta, y adelanta que desde la alianza preparan un oficio para exigir la destitución de Gutiérrez en el Senado, que se elimine el aforamiento y sea procesada penalmente.

En paralelo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha informado de que ha iniciado una investigación de oficio por posibles delitos de maltrato animal, contemplados en el Código Penal estatal, que sanciona causar la muerte a animales que no constituyan plaga, con penas que pueden alcanzar hasta seis años de prisión, agravadas en caso de que los responsables sean servidores públicos.

Herrejón insiste en que debe investigarse bajo qué métodos fueron sacrificados los animales, al señalar que la eutanasia requiere medicamentos y protocolos específicos que implican costos y supervisión.

«No se puede sacrificar a animales sanos(…) ¿Bajo qué método los aniquiló?», pregunta.

Añade que, sin presupuesto suficiente ni registros del uso de fármacos, no hay certeza de que se haya tratado de eutanasia conforme a la normativa.

La activista cuestiona, además, si existían los recursos para llevar a cabo miles de eutanasias, al señalar que, en su experiencia, los centros de control animal suelen carecer incluso de presupuesto para esterilizaciones, bajo el argumento de la «austeridad» de los recursos.

Herrejón detalla que la eutanasia implica un procedimiento médico controlado con sedación progresiva, lo que pone en duda que se haya aplicado masivamente sin documentación.

Por último, indica que versiones apuntan a que el sacrificio se ha llevado a cabo con más de 14.000 perros, lo cual aun no ha sido confirmado por las autoridades.

La controversia ha reavivado el debate en México sobre la gestión de animales callejeros, un problema que, según la propia senadora Gutiérrez, representa una “crisis real” a nivel nacional debido al abandono, la reproducción sin control y la presencia de animales enfermos o agresivos.