Las muertes de migrantes en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos han encendido las alarmas de organismos de salud pública y gobiernos de la región. 

Una serie de investigaciones periodísticas publicadas por la agencia Associated Press (AP) y la cadena Telemundo revelan fallas estructurales en la atención médica y psicológica de los internos, lo que ha coincido con un incremento sin precedentes en los casos de suicidio bajo custodia federal, según los especialistas. 

Ante esta situación, gobiernos latinoamericanos han presentado protestas diplomáticas formales para exigir el esclarecimiento de los hechos y garantizar un trato humano a sus connacionales.

Lea además: El gobierno de Trump ya no obligará a solicitantes de «green card» a salir y tramitarla desde sus países

Alarma por incremento de suicidios en la red de detención de ICE

Una investigación de la agencia Associated Press determinó que al menos 10 detenidos, todos de sexo masculino, se han suicidado desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025. 

Este ritmo supera el crecimiento general de la población bajo custodia de ICE, la cual se expandió un 50 % hasta alcanzar los 60,000 internos en el marco de la estrategia de deportación de la administración estadounidense.

De acuerdo con la revisión de datos, informes de autopsias y registros policiales, siete de estas muertes ocurrieron a partir de octubre, consolidando la cifra más alta de suicidios registrada en un solo año fiscal en la historia de la institución, la cual usualmente reportaba uno o ningún caso anual.

El informe detalla que el personal de diversos centros de detención —operados por contratistas privados así como por cárceles de condados asociados— ignoró señales de angustia, postergó tratamientos de salud mental y falló en la supervisión de reclusos en riesgo.

 

Entre los casos documentados destaca el de Brayan Rayo Garzón, un veterano del ejército colombiano de 26 años, quien presuntamente se quitó la vida en una celda de aislamiento en Missouri tras solicitarle repetidamente al personal comunicarse con su madre.

Como consecuencia directa de este hecho, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país emitirá una protesta formal y exhortó al gobierno de Estados Unidos a reflexionar sobre cómo su política migratoria impacta la vida de los ciudadanos latinoamericanos. 

Asimismo, la investigación registró los fallecimientos del ciudadano chino Chaofeng Ge en Pensilvania y de reclusos procedentes de México y Nicaragua en centros de Texas y Missouri bajo condiciones de desatención o aislamiento.

Le puede interesar: El Salvador sale oficialmente de la «Lista Corta» de la OIT

Exigen investigación por fallecimientos en el Centro de Adelanto

Por su parte, la cadena Telemundo reportó la exigencia de justicia por parte de los familiares de José Guadalupe Ramos, un ciudadano mexicano de 52 años originario de Guanajuato, quien falleció el pasado 25 de marzo en el Centro de Detención de Adelanto, ubicado en California. Ramos había sido arrestado en Torrance un mes antes de su deceso. 

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el migrante fue hallado inconsciente por los guardias y declarado muerto en un hospital local.

La muerte de Ramos se suma a la de otros 14 ciudadanos mexicanos en centros de ICE desde enero de 2025. 

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos y la adhesión de su gobierno a una demanda colectiva interpuesta por organizaciones pro inmigrantes. 

Dicha querella legal sostiene que en las instalaciones de Adelanto, donde ya han muerto cuatro internos, se niega de forma sistemática el cuidado médico básico, la alimentación adecuada y el trato humano.

Entre otras personas quienes presuntamente se quitaron la vida se encontraba un joven de 19 años de México quien había sido detenido tras un control de tráfico por una infracción menor mientras conducía su scooter.

Otro era un trabajador de restaurante de 36 años quien perdió el contacto con sus familiares en Nicaragua después de que el ICE lo detuviera en Minnesota y lo enviara a un campamento superpoblado en Texas.

Un tercero era un hombre de 45 años que había cruzado repetidamente la frontera entre Estados Unidos y México de forma ilegal y tenía un largo historial delictivo.

Además, Leo Cruz Silva, de 34 años, que había entrado repetidamente al país ilegalmente desde México, sufrió una grave crisis de salud mental tras su detención por embriaguez en público el otoño pasado en un suburbio de San Luis, según consta en los registros.

Durante dos noches en la cárcel del condado de Ste. Genevieve, en Misuri, Cruz gritó, se escondió debajo de su cama y reportó alucinaciones, según un informe del ICE sobre su muerte. Sin embargo, no recibió ayuda rápidamente.

Según el informe del ICE, una enfermera le recetó medicamentos antipsicóticos y planeaba que recibiera tratamiento la semana siguiente.

Al tercer día, lo encontraron muerto en su celda.

Postura oficial de las autoridades de Estados Unidos

Ante los señalamientos de negligencia y las denuncias internacionales, las autoridades estadounidenses defendieron los protocolos vigentes. 

Lauren Bis, subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmó que los suicidios siguen siendo «extremadamente raros» y que el personal recibe capacitación anual obligatoria en prevención de autolesiones.

A través de un comunicado remitido a Telemundo 52, el DHS sostuvo que la tasa de mortalidad de los detenidos bajo su custodia se mantiene en un 0.009 %, una cifra consistente con las estadísticas de la última década. 

La entidad federal aseguró que los centros mantienen estándares de cuidado superiores a los de la mayoría de las prisiones ordinarias para ciudadanos estadounidenses y que facilitan atención médica integral las 24 horas, incluyendo servicios dentales, de emergencia y de salud mental.