Nuevo fiscal de Guatemala cierra cuestionada oficina contra la impunidad de antecesora
García Luna consideró que esa unidad no está «cumpliendo» con los objetivos y el cierre servirá para «revisar cada uno de los expedientes» que manejaba, con el fin de verificar si los casos se basaban en argumentos fundamentados
El nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, inició funciones este domingo anunciando el cierre de la unidad especial contra la impunidad, que llevó casos emblemáticos y polémicos durante la gestión de su predecesora Consuelo Porras, sancionada por más de 40 países.
El mandato de Porras estuvo marcado por acciones para impedir la posesión del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.
Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.
«A partir del día de mañana la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) entra en una etapa de liquidación» porque «lastimosamente ha perdido la credibilidad ciudadana», dijo el funcionario en su primera rueda de prensa.
García Luna consideró que esa unidad no está «cumpliendo» con los objetivos y el cierre servirá para «revisar cada uno de los expedientes» que manejaba, con el fin de verificar si los casos se basaban en argumentos fundamentados.
Asimismo, dijo que hará un «análisis» sobre la actuación de Porras y de «cualquier otro integrante (de la FECI) de los que han sido señalados públicamente a nivel nacional e internacional» por la persecución impulsada contra opositores.
Aclaró que será «cumpliendo el principio de legalidad y objetividad» y por medio de una auditoría interna.
Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.
Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado «pacto de corruptos», un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.
La fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.
García Luna insistió en que la fiscalía será independiente e imparcial pues «no es un ente político, no representa a un gobierno, no responde a un proyecto partidario y no está al servicio de las intenciones particulares de ningún sector».
«La confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público se ha visto desnudada y recuperarla es probablemente el desafío central de esta gestión», puntualizó.
Promete devolver la confianza en la institución
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García Luna prometió devolver la confianza en la institución, combatir la corrupción y el crimen organizado, tras la salida de Consuelo Porras, sancionada por más de 40 países.
«Hoy no inicia una administración más, hoy inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca», afirmó el fiscal nombrado por el presidente del país, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
El mandato de Porras, que comenzó en 2018, estuvo marcado por acciones para impedir la posesión de Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.
Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.
García Luna aseguró que, «durante años, muchos guatemaltecos perdieron la confianza en la institución, no porque dejaron de creer en la justicia, sino porque la justicia dejó de creerles a ellos. Hoy empieza el deber de recuperarla».
García Luna reconoció que recibió una institución «con heridas profundas».
Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.
Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado «pacto de corruptos», un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.
La fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.
«La ley es pareja o no es ley» y en un régimen democrático la Fiscalía no puese ser utilizada «como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que debe de cesar cualquier persecución selectiva».
«Tampoco puede utilizarse con fines políticos ni obedecer órdenes de ninguna clase», sentenció.
Además, comentó que enfrentará las extorsiones, los crímenes contra la vida, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y las violentas maras o pandillas.
La Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas por Guatemala y Estados Unidos como terroristas, son responsables junto a narcotráfico del 40% de las muertes violentas en el pais, según datos oficiales.
Guatemaltecos celebran el fin de la gestión de la fiscal sancionada por EEUU
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Cientos de guatemaltecos celebraron este sábado con música, petardos y parodias el fin de ocho años de gestión de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por más de 40 países que la acusan de corrupta y antidemocrática.
Porras concluyó este sábado su mandato marcado por acciones para impedir la posesión del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.
Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.
El presidente juramentó la víspera al nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, el mismo día que Porras presentó su último informe donde denunció intentos para desacreditar su trabajo. García Luna asumirá el domingo.
Ante un público congregado este sábado frente a la sede del Ministerio Público (Fiscalía) en la capital guatemalteca, algunos portando banderas del país, una activista subió a una tarima improvisada para parodiar a Porras, con el cabello recogido, pañoleta en el cuello y gafas de montura negra.
Durante su representación, afirmó que debía «mantener en la impunidad» a los expresidentes Jimmy Morales (2018-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), quienes la designaron en el cargo y a quienes nunca investigó pese a señalamientos de corrupción.
Entre «abucheos» de un público cómplice con la parodia, la activista se retiró del escenario simulando llorar y balbuceando «no me quiero ir» mientras cargaba una caja con sus «pertenencias».
Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.
Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado «pacto de corruptos», un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.
La fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.
