Laura Fernández Delgado juró este viernes como la segunda mujer presidenta de la historia de Costa Rica, cargo que ejercerá para el periodo 2026-2030, en una ceremonia celebrada en el Estadio Nacional, donde anunció que impulsará una reforma «profunda» del Estado para construir una nueva Costa Rica y que aplicará «mano dura» contra el crimen organizado.

Fernández, de 39 años y del derechista Partido Pueblo Soberano, prestó juramento ante la presidenta de la Asamblea Legislativa, la oficialista Yara Jiménez, la primera vez que una mujer juramenta a otra como gobernante de este país centroamericano.

«La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar sin miedo, sin vacilaciones, con resolución», manifestó.

La nueva presidenta costarricense afirmó ser la «heredera» de una nueva forma de hacer política en el país que empezó «hace cuatro años» con el presidente saliente y su mentor Rodrigo Chaves, enfocada en resultados y que tiene como objetivo construir una «tercera república» en la que los demás poderes del Estado «rindan cuentas» a la población.

«Estamos a las puertas de construir una tercera república, una nueva Costa Rica que no le tiene miedo al cambio; una tercera república que moderniza sus instituciones sin obstruir lo que funciona, que fortalece la democracia haciéndola más ágil, transparente y efectiva», declaró.

En Costa Rica se conoce como «segunda república» al país que surgió después de la guerra civil de 1948 y de la redacción de la Constitución Política de 1949, que es la vigente en la actualidad.

Promesa de «mano dura»

La presidenta afirmó que Costa Rica «no puede aceptar que el narcotráfico encuentre grietas en el sistema» y aseveró que su Gobierno inaugurará una «megacárcel» para 5.000 presos inspirada en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele, y que además establecerá un Centro de Control y Comando (C5) de seguridad para combatir el crimen organizado.

«A las madres que han perdido a sus hijos les digo que su dolor no me es ajeno. Aplicaré una respuesta de mano dura que es lo que ustedes esperan y merecen de mí como su presidente. No me temblará el pulso para enfrentar al crimen organizado», expresó Fernández.

La mandataria advirtió que esos esfuerzos «no servirán de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos y si las leyes también los protegen con la cultura del ‘pobrecito’».

Fernández afirmó que respetará los derechos humanos y la división de poderes del país, y que la lucha contra el crimen organizado corresponde a un trabajo conjunto.

Ferviente católica, quien se describe como liberal en lo económico y conservadora en lo social, dijo que su primera decisión como gobernante es «encomendar este nuevo Gobierno a Dios».

En este traspaso de poderes participaron delegaciones de 71 países y 18 organismos internacionales, que comenzaron a llegar al país desde el pasado miércoles.

Entre los representantes de alto nivel que participan en el evento se encuentran el rey de España, Felipe VI, y los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile), Isaac Herzog (Israel) y Luis Abinader (República Dominicana).

Eliminación de beneficios en prisión

En una de sus primera decisiones, Fernández emitió por un decreto un nuevo reglamento que elimina «beneficios carcelarios» que rebajan el tiempo en prisión de los privados de libertad.

«Con esto no va a quedar duda de que el año carcelario es de 360 días naturales, ya no más alcahuetería de que (el año de) la cárcel es de ocho meses», expresó.

Con este nuevo reglamento «los jueces no tendrán espacio para interpretar en menos días al año la condena para quienes nos quitan la paz y no roban la seguridad», dijo la jefa de Estado.

«Se los advertí, no queremos en Costa Rica al crimen organizado ni al narcotráfico. Por eso, a partir de este momento, el año carcelario será de 360 días naturales», afirmó Fernández.