Radio Francia Internacional/EFE

En Honduras, en la fértil región del valle del Aguán, ocurrió ayer una doble matanza. Según los primeros testimonios, los asesinos llegaron disfrazados de policías y dispararon indiscriminadamente en una finca donde se cultiva la palma africana. El segundo ataque fue contra policías y un civil en la frontera con Guatemala. Las razones de tal ola de violencia permanecen aún desconocidas. Desde hace décadas, se enfrentan cooperativas agrícolas y grupos armados para el acaparamiento de las plantaciones. La región es también un corredor importante para el narcotráfico.

El hecho más letal se produjo en la madrugada en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), donde al menos 19 personas fueron ejecutadas con armas largas.

«Hay dos equipos trabajando en dos lugares. El primer equipo lleva ya el reconocimiento de 13 fallecidos y el segundo lleva un conteo de seis personas que perdieron la vida», dijo a la televisora local HCH Yuri Mora, vocero de la fiscalía.

En tanto, en Omoa (departamento de Cortés), región fronteriza con Guatemala, la policía nacional reportó cinco agentes y un civil muertos en un enfrentamiento entre un escuadrón antipandillas y presuntos narcotraficantes.

«Los encontramos en un sector montañoso de la frontera entre Honduras y Guatemala (…), ahí les habrían quitado la vida», dijo el portavoz de la policía hondureña, Edgardo Barahona.

«Hay una población con mucho miedo»

En Trujillo, los cuerpos fueron encontrados con sus botas puestas en una finca de palma africana. En el momento de la masacre, hombres, mujeres e incluso menores de edad se preparaban para un día de trabajo en los campos del valle del Aguán. Aún no se sabe los motivos de la masacre.

“Pues sin duda hay una población con mucho miedo», dice a RFI Leonel George, de la coordinadora de organizaciones populares del Aguán. «Es un miedo real porque ahí están los asesinos”, agrega.

Según él, la violencia proviene de la codicia por la palma africana cuyo aceite es el segundo producto de exportación del país. Las comunidades se enfrentan a otras comunidades y empresas.

“Operan bajo la protección de grupos armados, permiten el hostigamiento, las amenazas y los asesinatos que quedan en total impunidad”, dice Leonel George.

Zonas «sin ley»

La concentración de tierras y la industria de palma produce conflictos desde hace décadas. Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa, señala un abandono estatal en esta zona.

“Zonas que incluso Estados Unidos declaró como sin ley por esa misma situación, porque la ley, la justicia no llega. Y muchas veces hasta por temor los operadores de justicia y las fuerzas del orden público no actúan, porque no tiene un acompañamiento ni un trabajo articulado para poder someter a estas estructuras criminales y poder desarticularlas», explica.

«Lo que está pasando ahí es grave. Por lo tanto, se espera mayor presencia policial, militar en la zona, un resguardo y un trabajo efectivo de fiscales y jueces para dar respuesta a todas esas comunidades que están viviendo en zozobra y con temor en el país», apunta.

El presidente del país, Nasry Asfura, aseguró en un mensaje a la nación que van «a encontrar a quienes hicieron esto y lograr sus condenas (…). Esta es una herida más que Honduras no merece. Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune».

Ambos ataques ocurrieron en la misma semana en que el Congreso aprobó una serie de reformas para combatir la violencia criminal, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras en más de 24 casos por cada 100.000 habitantes.

Las medidas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública. Además, crean una nueva división de lucha contra el crimen organizado y permite catalogar a pandillas y carteles de la droga como grupos terroristas.

Ante el clima de tensión en la región, las autoridades implementaron medidas especiales de seguridad destinadas a proteger a los familiares de los asesinados y a las comunidades locales durante el desarrollo de los actos fúnebres.

Hasta el momento, las autoridades que investigan la matanza no tienen pistas sobre los responsables del asesinato múltiple, que cuenta entre las victimas a tres menores de entre 14 y 16 años, y tres mujeres que eran hermanas.

«Como Estado estamos trabajando para que la justicia llegue», enfatizó el jueves Asfura, quien recalcó que su Gobierno va a «enfrentar este flagelo sin temor y con fuerza».

La mayoría de las 20 víctimas fueron sepultadas este viernes en un cementerio de Rigores en medio del llanto y la exigencia de justicia de sus familiares.