El sábado 25 de abril, Malí fue el escenario de una de las ofensivas más coordinadas y ambiciosas de los grupos armados islamistas JNIM (Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes) y del Frente de Liberación del Norte de Malí, el Azawad tuareg (FLA), desde el inicio de la guerra civil en 2012.

Esta ofensiva enfrenta a grupos yihadistas —transformados a lo largo de los años, pasando del AQIM (Al Qaeda en el Magreb Islámico) al JNIM contemporáneo—, aliados a los movimientos independentistas tuareg, contra las fuerzas gubernamentales, cuya situación se deteriora a medida que la legitimidad del gobierno central se debilita tras varios golpes de Estado. Esta inestabilidad persistente beneficia tanto a los grupos islamistas como a los separatistas tuareg en el norte del país. El cambio en las alianzas internacionales tras la ruptura con Francia en 2022 a favor de Rusia no ha mejorado la situación militar en un país que abarca más de un millón de kilómetros cuadrados y cuenta con 25 millones de habitantes.

Al amanecer del 25 de abril, grupos armados afiliados al JNIM y al Frente de Liberación de Azawad (FLA) lanzaron ataques simultáneos contra varias ciudades estratégicas: la capital, Bamako, y sus alrededores —en particular la zona del aeropuerto de Sénou—, Kati (guarnición militar y residencia del líder de la junta, el general Assimi Goïta), y las ciudades de Sévaré, Mopti, Gao y Kidal. Se registraron explosiones, intensos tiroteos y atentados con coches bomba, lo que evidenció una coordinación operativa sin precedentes entre yihadistas y separatistas tuareg, anteriormente rivales.

El costo humano y simbólico de los ataques es enorme. El ministro de Defensa, general Sadio Camara, figura clave de la junta militar, murió en un atentado con coche bomba contra su residencia en Kati, junto con varios miembros de su familia. El presidente Assimi Goïta, jefe de la junta en el poder desde los golpes de Estado de 2020 y 2021, fue evacuado por motivos de seguridad y permanece fuera de la vista pública desde la ofensiva.

El ejército maliense, apoyado por el Grupo de Fuerzas Privadas ruso conocido como Afrika Korps, anunció al final del día que había «contenido» los ataques, neutralizado a cientos de atacantes y declarado que la «situación estaba totalmente bajo control». Sin embargo, el FLA reclama el control total de Kidal, un bastión histórico en el norte del Sáhara, mientras que las zonas de Gao y Mopti siguen en disputa. El JNIM reivindicó la autoría de los ataques en un comunicado, describiendo la operación como una «colaboración» con el FLA.

Estos acontecimientos se producen en un contexto de extrema fragilidad para la junta militar: mayor dependencia de Rusia tras la retirada de las fuerzas francesas y de la MINUSMA, aislamiento diplomático (la suspensión de la CEDEAO en enero de 2025, junto con Burkina Faso y Níger, que dio origen a la Alianza de Estados del Sahel —AES—) y la inseguridad crónica que azota al país desde hace más de una década.

Pocos días después de los ataques, una frágil calma reinó en Bamako y Kati, con la reapertura del Aeropuerto Internacional de Sénou el 27 de abril. Sin embargo, la humillación sufrida por las Fuerzas Armadas de Malí (FAMA) era evidente: por primera vez, una alianza táctica entre el JNIM y el FLA atacó simultáneamente el corazón del poder (Kati) y el norte del Sáhara. Las autoridades hablaron de «16 heridos» y «daños limitados», pero fuentes independientes informaron de intensos combates, importantes daños materiales y alrededor de veinte muertos, entre civiles y militares. La junta, ya enfrentada a una grave crisis humanitaria (desplazados internos e inseguridad alimentaria que afectaba a cientos de miles de personas), vio tambalearse su legitimidad.

La retórica soberanista y antioccidental que había sostenido al régimen desde 2021 muestra sus límites ante una insurgencia que ganaba terreno a pesar del apoyo ruso. En Bamako, la población se debate entre el miedo y la ira: las calles estaban desiertas el día 25 y el tráfico se reanudó el 27, pero con una palpable sensación de inseguridad. En el plano político, los partidos de oposición suspendidos y la sociedad civil silenciada agravan el estancamiento.

Desde el punto de vista de la seguridad, estos ataques marcan un punto de inflexión: el JNIM está extendiendo su influencia en el centro y sur del país, mientras que el FLA consolida su control sobre Azawad, una vasta región desértica en el norte. El ejército maliense continúa sus operaciones de rastreo, pero la pérdida simbólica de Kidal —una ciudad clave en el Sáhara maliense— amenaza con modificar el mapa del control territorial.

Las repercusiones de los ataques del 25 de abril de 2026 se extienden mucho más allá de Malí y amenazan la estabilidad del vasto Sáhara, una franja desértica que se extiende desde el océano Atlántico hasta el mar Rojo. En el Sahel central (Malí, Burkina Faso, Níger), la AES ve puesta a prueba su cohesión: las juntas militares en el poder, unidas por un pacto de defensa mutua, corren el riesgo de que el yihadismo se propague hacia Níger, ya debilitado.

Al controlar Kidal, el FLA domina corredores estratégicos saharianos (rutas de contrabando y migración), lo que podría facilitar el tránsito de armas y combatientes hacia Argelia y Libia. En Argelia, país fronterizo con el norte de Malí, las autoridades temen la desestabilización de la región de Tamanrasset y un resurgimiento de flujos migratorios de refugiados tuareg o yihadistas. Libia, sumida en el caos desde 2011, podría ver cómo sus facciones saharianas, en particular en Fezzan, aprovechan el vacío de poder en Malí para fortalecer sus redes de tráfico (drogas, migrantes, armas). Mauritania y Chad, miembros del inactivo G5 Sahel, observan con preocupación la posible expansión del JNIM hacia el Sáhara Occidental.

En el ámbito humanitario y económico, la FAO advierte de una grave inseguridad alimentaria que podría afectar a 53 millones de personas en el Sahel entre junio y agosto de 2026. Las rutas comerciales transaharianas, hacia Argelia y Libia, se ven amenazadas, provocando un aumento de precios y una contracción del comercio.

A medio plazo, se vislumbran tres escenarios para el Sáhara: escalada regional con propagación del yihadismo; diálogo pragmático entre la CEDEAO y la AES en materia de seguridad; o fragmentación permanente que fomente el tráfico transahariano. Sin una transición política creíble en Malí y una cooperación regional que incluya a Argelia y Libia, el Sáhara corre el riesgo de convertirse en un refugio permanente para grupos armados islamistas.

Los atentados del 25 de abril de 2026 representan un acontecimiento trascendental para Malí y una llamada de atención para toda la región sahariana. Ponen de manifiesto las limitaciones de la estrategia de seguridad de la junta militar y subrayan la urgente necesidad de una respuesta regional unificada que combine soberanía y solidaridad. Sin ello, la espiral de violencia seguirá envenenando el desierto más grande del mundo.

Politólogo francés y especialista en temas internacionales para www.eldiariodehoy.com