Amnistía Internacional (AI) alertó de la posible comisión en El Salvador de crímenes de lesa humanidad en el contexto de un régimen de excepción, una polémica medida vigente desde marzo de 2022 contra las pandillas, pero que suspende garantías constitucionales a toda la población y ha afectado a miles que no tienen nada que ver con tales grupos.

Lo anterior es una de las conclusiones del informe «Seguridad» Sin Derechos, presentado por representantes de AI en la Ciudad de México y resultado de cuatro años de investigación, entre 2022 y 2025. Durante ese tiempo, AI realizó 109 entrevistas con víctimas, familiares, abogados, especialistas e incluso exmiembros de la Policía Nacional Civil, revisó expedientes y fallos judiciales.

Los crímenes de lesa humanidad son actos inhumanos y generalizados dirigidos contra una población civil y se caracterizan por su extrema gravedad, ya que no son incidentes aislados, sino que forman parte de una política de Estado o un plan sistemático y organizado que atenta contra la humanidad. Nunca prescriben, es decir, su persecución no caduca nunca.

La organización señaló que «la evidencia recopilada indica que las violaciones documentadas no constituyen incidentes aislados, sino que responden a patrones de conducta estatal facilitados por la reconfiguración del marco institucional y legal del país».

«Los hallazgos del informe apuntan a que la privación grave de libertad a gran escala, las denuncias sistemáticas de tortura, los patrones de desapariciones forzadas y las muertes bajo custodia estatal no pueden entenderse como incidentes aislados, sino como parte de un patrón de abusos que, por su escala y organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad conforme al derecho penal internacional», indica el informe.

El régimen de excepción, que se aprobó en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos a manos de pandilleros, ha dejado 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos y es la principal medida del Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra las maras para reducir la violencia.

La investigación, dice Amnistía Internacional, dejó evidencia documentada de 470 muertes en los centros penitenciarios de personas detenidas durante el régimen de excepción.

El informe recoge una muestra de 82 casos en los que se refleja una repetición de los siguientes patrones: detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes y el desmantelamiento del debido proceso.

La cadena internacional CNN informó que consultó al Gobierno de El Salvador para obtener comentarios acerca del estudio y aún espera respuesta.

«Seguridad» sin derechos

La directora para las América de AI, Ana Piquer, dijo durante la presentación virtual del informe que «la seguridad no puede construirse sobre la arbitrariedad, la tortura, las desapariciones forzadas y la anulación del debido proceso».

«El Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a la violencia criminal y de investigar y sancionar los delitos cometidos por las pandillas, pero esa obligación no autoriza la comisión de graves violaciones de derechos humanos», apuntó.

Esta es la segunda advertencia del posible cometimiento en el país centroamericanos de crímenes de lesa humanidad, ya que el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) alertó en marzo pasado de una situación similar.

El informe de AI se basa en la supervisión realizada desde el inicio del régimen de excepción e incluye seis visitas de documentación en el país realizadas entre mayo de 2022 y enero de 2025, 109 entrevistas con víctimas, familiares, abogados, defensores públicos, abogados particulares, agentes activos y retirados de la Policía Nacional Civil (PNC), entre otros.

La investigación ha permitido la documentación de 82 casos individuales representativos que ilustran los principales patrones de violaciones de derechos humanos cometidos durante este período, agrega AI.

La medida, aprobada inicialmente como temporal, deja más de 92,480 personas detenidas acusadas de ser pandilleros o colaboradores de estas bandas, continúa vigente a pesar de los múltiples llamados de organizaciones de derechos humanos para poner fin a su implementación y cuenta con el respaldo de cerca del 85 % de la población.

El gobierno ha tenido que reconocer que debió liberar a ocho mil de los detenidos por no haber pruebas contra y después de pasar hasta varios meses tras las rejas.

«Esta investigación evidencia que las autoridades salvadoreñas han permitido que su política de seguridad derive en violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, afectando también a miles de personas bajo las cuales no se tiene indicios robustos de que habrían cometido delitos», advirtió Piquer. 

Para AI, la investigación arroja indicios de delitos de lesa humanidad porque han sido cometidos durante un periodo prolongado, han sido implementados de manera sistemática, dirigida a la población civil y han sido defendidos por actores del Estado.