Una jueza federal exigió este jueves a los gobiernos de Estados Unidos y Florida evidencia del cierre definitivo de ‘Alligator Alcatraz’, el polémico centro de detención migratoria al oeste de Miami, ante las preocupaciones de activistas y migrantes de que el sitio reabra en un futuro.

La Corte del Distrito Medio de Florida denegó la petición de las autoridades federales y estatales de desestimar una demanda presentada por organizaciones civiles y migrantes, al señalar que ninguna autoridad federal y estatal dio pruebas de la clausura del establecimiento más allá de declaraciones.

«En esta coyuntura, más allá de los escritos de los abogados, el tribunal no ha visto evidencia alguna por parte de un funcionario estatal o federal con autoridad para declarar el cierre permanente de ‘Alligator Alcatraz’», escribió la jueza Sheri Polster Chappell.

El fallo otorga a las autoridades cinco días para entregar pruebas del cierre del establecimiento, que se convirtió en emblema de la política migratoria del presidente Donald Trump, quien recorrió el lugar en julio de 2025, días antes de su apertura.

Con ello, la jueza se mostró escéptica pese a que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el 25 de junio pasado el cierre del sitio en la zona natural de los Everglades tras haber ejecutado casi 21.000 deportaciones.

Las asociaciones civiles que representan a los migrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Americans for Immigrants Justice (AIJ), advirtieron que no cesarán en su búsqueda por reparar el daño, al denunciar que los migrantes detenidos en el lugar padecieron abusos.

Además, familiares de migrantes trasladados desde el clausurado sitio al Centro Federal de Detención (FDC) de Miami, donde comparten espacio con criminales considerados peligrosos, denunciaron este miércoles hacinamiento y condiciones «inhumanas», al exigir a las autoridades locales inspecciones inmediatas.

La exigencia de la jueza ocurre pese a las imágenes aéreas de medios locales que en días pasados han mostrado el desmantelamiento de carpas y otras infraestructuras de ‘Alligator Alcatraz’, que se construyó en una zona de pantanos rodeada por reptiles peligrosos, como caimanes, cocodrilos y serpientes.

La demanda de ACLU y las otras asociaciones sostiene que el lugar, construido para una capacidad inicial de 3.000 personas, permitió abusos contra migrantes e impidió su acceso a una asesoría legal.

DeSantis argumentó que el lugar siempre se concibió como algo temporal para ayudar a la Administración Trump en sus esfuerzos iniciales para deportaciones masivas mientras conseguía presupuesto, aprobado después por los republicanos en el Congreso.