El conflicto bélico que estalló el pasado 28 de febrero en Medio Oriente, y que tiene como protagonistas a Estados Unidos, Israel e Irán, ya está teniendo efectos directos en la economía mundial, sobre todo, porque el Estrecho de Ormuz, en territorio iraní, es el canal por donde transita hasta un 20% del petróleo que se consume a nivel global, lo que ha derivado en una alza en los precios de esta materia prima.

En el caso salvadoreño, este impacto se puede observar en los precios de los combustibles, los cuales han experimentado aumentos de más de $0.80 por galón desde el inicio de la guerra, lo que implica que el incremento podría trasladarse hacia las demás ramas de la economía debido a la alta dependencia que hay en el país del transporte de mercancías y del transporte de pasajeros.

Ante esto, un indicador que experimentará estos efectos negativos es el de la inflación, el cual mide el comportamiento que tienen los precios de los bienes y servicios, y que a la fecha, ya está mostrando señales de que podría subir en comparación con el año pasado.

De acuerdo con el más reciente informe sobre el perfil crediticio del país, elaborado por la firma Fitch Ratings, la inflación en el país promedió hasta un 0.3% durante todo el 2025, un porcentaje relativamente bajo si se compara con los niveles de años anteriores, sin embargo, para este 2026, la calificadora prevé que al cierre del año el promedio de inflación rondaría el 2.4%, es decir, un 2.1% más que el promedio del año pasado.

Según Fitch, este escenario tiene como causa el incremento que ya están experimentando hidrocarburos, por lo que el aumento en la tasa de inflación se verá reflejado en la medida que los combustibles continúen subiendo de precios.

Esta situación en el país ya está generando presiones en distintos sectores, principalmente en el de transporte. Por ejemplo, la Mesa Nacional de Transporte, que aglutina a empresarios del transporte público de pasajeros, externó hace un par de semanas la necesidad de que el gobierno establezca un precio “tope” al diésel, con el fin de que ese rubro se mantenga sostenible y pueda seguir operando con normalidad.

En este sentido, esa gremial señala que la medida es necesaria debido a que en el país existe una tarifa del transporte público congelada desde hace más de 20 años, lo que impide a los empresarios ajustar el precio del pasaje según el comportamiento de sus costos de operación.

Hasta el momento, el gobierno no ha anunciado ninguna medida enfocada a paliar el impacto de estos incrementos, tal como lo hizo en 2022 cuando suspendió de manera temporal el cobro de algunos de los impuestos a los combustibles, todo como una medida para minimizar el impacto en el bolsillo de los usuarios.

No obstante, debido a la situación financiera del país, donde el porcentaje de deuda es de casi un 90% con respecto al PIB, y que el gobierno se encuentra limitado en cuanto a la erogación de gastos de este tipo, Fitch señala que una medida enfocada en los combustibles añadiría más presiones en las cuentas del país, las cuales ya enfrentan dificultades.

En marzo, la tasa de crecimiento de la inflación alcanzó el 1.47% interanual, un porcentaje que, pese a que se puede interpretar como bajo, refleja solo el aumento que han tenido los precios de los bienes y servicios con respecto a marzo de 2025, cuando los precios, de por sí, ya se encontraban bastante altos.

Desde 2020, los precios de los bienes y servicios en el país han incrementado en hasta 17.86%, según el Índice de Precios al Consumidor que publica regularmente el Banco Central de Reserva (BCR).