A partir de este lunes, las empresas que importan mercancías desde el extranjero y hacia El Salvador deberán cumplir con un nuevo requisito que formará parte de los trámites aduaneros, el cual obliga a los importadores a declarar bajo juramento que los productos que ingresan al país no han sido elaborados mediante trabajo forzado, obligatorio o infantil.

Según la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), este requisito fue incorporado este año a la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas (DGA) a través del Decreto Legislativo No. 524, el cual fue aprobado en marzo, y señala que, aunque la reforma entró en vigencia ese mismo mes, su aplicación obligatoria comenzará este 1 de junio.

Pero, ¿qué significa? Básicamente, Camarasal explica que con esta medida las empresas ahora deberán incluir una declaración jurada electrónica dentro de la Declaración Única Centroamericana (DUCA) o en la declaración de mercancías que corresponda, por lo que, mediante este documento, la empresa importadora dará fe de que los bienes que está ingresando al país no fueron fabricados bajo condiciones laborales que vulneren los derechos de los trabajadores.

En este sentido, y según la información divulgada por la gremial, el trámite se realizará de forma electrónica a través de la plataforma SIDUNEA World o SIDUNEA++, al mismo tiempo que explica que la declaración podrá ser presentada por el propio importador, por un agente aduanero, un apoderado especial aduanero o una persona autorizada por la empresa para realizar el trámite en su nombre.

La entrada en vigencia de este requisito ocurre luego de que, en marzo de este año, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunciara que El Salvador se encontraba en una lista de hasta 60 países que serían investigados para verificar si hay incumplimientos de medidas contra productos que hayan sido manufacturados a través del trabajo forzoso.

“Las investigaciones determinarán si los actos, políticas y prácticas de cada una de estas economías relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzado son irrazonables o discriminatorios y cargan o restringen el comercio estadounidense”, señalaba la USTR en un comunicado, sin embargo, el nuevo requisito iría en la línea de evitar que al país ingresen productos provenientes de este tipo de prácticas.

Para esto, la información requerida incluye, por un lado, “la manifestación expresa de que las mercancías no fueron producidas mediante trabajo forzoso, obligatorio o infantil”, según Camarasal y, por el otro, también deberá incorporar los datos de identificación del importador y de la persona que suscribe el documento, entre ellos nombre, cargo, NIT, NRC o DUI y domicilio.

En este contexto, la gremial recomienda que las empresas soliciten a sus proveedores certificaciones, declaraciones o confirmaciones por escrito que respalden que los bienes suministrados no fueron producidos mediante trabajo forzoso o infantil y, además, aconseja que los documentos relacionados con proveedores y procesos de compra se conserven, todo con el fin de que esto pueda servir como un respaldo en caso de que las autoridades requieran verificaciones en el futuro.

Además, recomienda definir con anticipación quiénes estarán autorizados para emitir estas declaraciones y coordinar con los agentes aduaneros o apoderados especiales la incorporación del nuevo requisito dentro de los trámites al momento de realizar la importación de mercancías al país.