La crisis bancaria en Paraguay comenzó a finales de octubre, cuando Ueno Bank informó al Banco Central del Paraguay que no podía devolver cerca de $70 millones correspondientes la reserva de liquidez, algo que los bancos privados deben mantener para responder por sus obligaciones.

El incumplimiento encendió las alarmas sobre la situación financiera de la entidad, que en pocos años se había convertido en uno de los principales bancos del país, con alrededor de 2.9 millones de clientes, equivalentes al 60% de la población adulta.

Ante la gravedad del problema, el Banco Central intervino la institución y suspendió sus operaciones, lo que dejó a millones de personas sin acceso a sus cuentas y depósitos.

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Pero ¿cómo llegó uno de los bancos de mayor crecimiento en Paraguay a esta situación?

Ueno Bank surgió en 2021, cuando el Grupo Vázquez adquirió Financiera El Comercio. Posteriormente, la entidad obtuvo autorización para operar como banco y en junio de 2024 absorbió a Visión Banco, con lo que amplió su cartera de clientes y su presencia en el sistema financiero.

Sin embargo, detrás de ese crecimiento comenzaron a surgir cuestionamientos sobre el manejo de sus créditos, particularmente por los préstamos concedidos a empresas vinculadas con el grupo empresarial que controlaba la institución.

Las investigaciones apuntan a operaciones por alrededor de $146 millones relacionadas con compañías del conglomerado. También se examina una transferencia de créditos por $74.4 millones a Vinanzas SA, una empresa vinculada, realizada después de que las autoridades financieras exigieran al banco desprenderse de préstamos otorgados a compañías relacionadas.

Estas operaciones habrían deteriorado la situación financiera de la entidad y generado problemas para cumplir con las exigencias del regulador. Las autoridades deberán establecer las responsabilidades de los directivos y determinar si hubo delitos en el manejo de los recursos.

El impacto de la intervención fue mayor debido a la cantidad de dinero que distintas instituciones mantenían depositado en el banco. Entre ellas figuraban organismos públicos y el Instituto de Previsión Social (IPS), que tenía alrededor de $355 millones en la entidad.

De esta manera, el problema dejó de afectar únicamente a los clientes particulares y pasó a comprometer recursos públicos y fondos destinados a las pensiones.

La crisis también alcanzó al Gobierno debido a los vínculos entre Ueno y el presidente Santiago Peña, quien fue accionista de la entidad hasta marzo de 2025. A esto se sumó la relación de Carlos Carvallo, quien presidió el banco y posteriormente asumió la dirección del Banco Central, organismo encargado de supervisar al sistema financiero.

Estas conexiones generaron cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la actuación de las autoridades durante el crecimiento del banco.

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La presión aumentó con los reclamos de los ahorrantes, las investigaciones fiscales y las críticas de la oposición, que cuestionó la relación del Gobierno con la institución financiera.

Finalmente, el escándalo trascendió el ámbito bancario y provocó una crisis política que terminó con la renuncia del presidente paraguayo, Santiago Peña.

El caso dejó bajo investigación las operaciones crediticias de Ueno Bank y abrió interrogantes sobre la supervisión financiera, la protección de los ahorros y el manejo de los recursos públicos depositados en la institución.